Paramédicos: la Legislatura de la Provincia aprobó la ley que regula la actividad

La norma prevé una matrícula habilitante, y también un registro obligatorio. Comprenderá a todos y todas quienes se desempeñen como técnicos en emergencias médicas extrahospitalarias en la provincia de Córdoba.
La Unicameral aprobó la ley que regula la actividad de los paramédicos. Foto: gentileza

Este miércoles, la Legislatura de Córdoba aprobó la ley que regula la actividad profesional de los técnicos en emergencias médicas prehospitalarias.

La sanción de la norma se dio en la 8a. Sesión Ordinaria del 146° Periodo Legislativo. Establece la creación de un Registro de Matriculados Obligatorio para quienes realizan las primeras atenciones médicas en situaciones de urgencia y en traslados de pacientes a instituciones asistenciales, habitualmente conocidos como paramédicos, que ejerzan su actividad en la provincia de Córdoba.

Además, prevé un régimen disciplinario, al tiempo que se explicitan los requisitos habilitantes de la actividad –títulos y certificados– y responsabilidades de las empresas que contraten a estos profesionales. Regula asimismo los derechos de estos trabajadores, así como sus obligaciones y prohibiciones.

Un proyecto que data de 2022

El proyecto (36429/L/22) había sido presentado inicialmente en 2022 por los legisladores Nadia Fernández y Carlos Mariano Lorenzo; y también por los legisladores de mandato cumplido Diego Hak y María Elisa Caffaratti.

“Esta ley no es simplemente un documento jurídico vacío de contenido; esta ley es un compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los cordobeses. Al regular la actividad de los técnicos en emergencias extrahospitalarias, estamos asegurando que cada intervención sea realizada por profesionales debidamente capacitados y bajo estándares rigurosos de calidad. Estamos garantizando que cada paciente en situación crítica reciba la atención inmediata y experta que merece, reduciendo el tiempo de respuesta y aumentando las posibilidades de salvar vidas”, remarcó la legisladora Nadia Fernández. 

Tras la sanción, el Poder Ejecutivo tendrá 180 días para su reglamentación.

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