El miércoles 3 de abril, de vuelta del feriado largo de Semana Santa y Malvinas, el oficialismo presentará en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados de la Nación, su nueva versión de la "Ley Ómnibus", que incluirá su propuesta de "reforma laboral".

La intención de la bancada de Javier Milei es lograr un tratamiento exprés del proyecto, para que pueda ser votado en la Cámara baja el 25 de abril.

El Gobierno confía en que cuenta los votos para su aprobación. La base que pone en la matriz de cálculo son los 144 votos que tuvo la votación en general del primer intento de media sanción; que fracasó luego en la discusión en particular.

Se analiza que, culposos por aquel fracaso que el presidente Javier Milei les endilgó públicamente, los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal harían lo imposible para evitar un nuevo traspié que, analizan, sería estrepitoso para todos menos para el kirchnerismo.

Sin embargo, ese escenario ideal pende de un hilo que tiene que ver con la negociación con los gobernadores. Los jefes provinciales podrían amenazar con dejar sin quórum la sesión en caso de que no vean colmadas sus expectativas, especialmente en lo que tiene que ver el paquete fiscal. La reversión del impuesto a las Ganancias, la moratoria y el blanqueo de capitales está sobre la mesa de negociación.

La novedad es que el nuevo paquete ómnibus incluiría además la reforma laboral, que era un asunto que el PRO venía empujando desde detrás. Este capítulo está incorporado al cuestionado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, pero está frenado por la Justicia, a partir de un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

El bloque que preside Cristian Ritondo comparte el espíritu de cada una de las medidas contempladas en la reforma laboral, pero considera que tiene que tener un tratamiento legislativo para darle consolidación institucional y no dejar flancos débiles que podrían ser aprovechados judicialmente, como viene sucediendo.

Se estima que la reducción del costo de las indemnizaciones (y su reemplazo por un fondo de cese laboral), el alargamiento de las pasantías laborales (de tres a ocho meses) y la sanción de las asambleas en ámbitos de trabajo son de los temas que más polvareda levantarán.

La idea del Gobierno es volver a convocar a las mismas tres comisiones que trabajaron la Ley de Bases durante el verano (Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales) pero desde la oposición dialoguista, el kirchnerismo e incluso puertas para dentro del bloque de La Libertad Avanza reclaman que intervengan más cuerpos, teniendo en cuenta la pluralidad de temas que abarca la Ley Ómnibus.

Esa será una discusión que se saldará en los próximos días cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, defina los giros de comisión del proyecto.

La dinámica de trabajo será a través de plenarios que deberían culminar el 17 de abril con la firma de los dictámenes. Una semana más tarde, abriría el recinto. Ese es el derrotero que imagina el Gobierno y que se pondrá a prueba en las semanas que seguirán a la Pascua.

Fuente: NA

Noticias relacionadas: