Violencia institucional: Correpi denunció más de 60 muertes desde que asumió Javier Milei
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció este viernes que en los primeros días de gobierno de Javier Milei están viendo “el impacto de políticas represivas” con más de 60 muertes en el país por violencia desde el Estado y advirtió que “los intentos de censura sobre los medios públicos van a afectar la recopilación de casos”.
Al realizar el acto anual de presentación del Archivo de personas asesinadas por el Estado, Correpi advirtió que el gobierno de Milei podría convertirse en el más represor desde la última dictadura, con más de 60 casos desde que comenzó la actual gestión.
Las administraciones anteriores
Asimismo, comparó los casos de violencia institucional durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2109-2023).
Juntos por el Cambio tuvo un “incremento significativo de casos respecto de años anteriores”, indicó y manifestó que “no es menor la intervención de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en esa gestión”.
La presidencia de Macri “se consolidó como el gobierno más represor desde la última dictadura cívico militar eclesiástica, aunque la proyección que podemos hacer con los datos recolectados durante los primeros 70 días del gobierno de LLA indica que la gestión de Milei y Victoria Villarruel los va a dejar en el segundo escalón del podio”, aseveró la referente de Correpi.
En cuanto al gobierno del Frente de Todos, Verdú celebró que en una primera etapa desde el gobierno de Fernández hubo “medidas que indicaron leves descensos de casos de gatillo fácil” y “se derogan los protocolos de Bullrich”.
“Inmediatamente irrumpe la pandemia y las medidas sanitarias fueron dejadas en manos de las fuerzas de seguridad para garantizar su implementación”, lo que generó “crecimiento de casos gatillo fácil a pesar de que bajó mucho la cantidad de gente circulando en la calle”, señaló.
Y recordó que “nuevamente tuvimos que salir a denunciar desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad como la de Facundo Astudillo Castro”, ocurrida en 2020 cerca de Bahía Blanca.
Finalmente, destacó la necesidad de que se prohíba la portación del arma reglamentaria fuera de servicio, el cumplimiento de la sentencia Bulacio sobre detenciones arbitrarias y el cese del abuso de la prisión preventiva, entre otras medidas.
Fuente: Somos Télam
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