Sectores que trabajan en el área discapacidad manifestaron frente a la sede de Apross

Los distintos actores vinculados a la atención de la discapacidad denunciaron que se encuentran en clara emergencia. Este miércoles, desde media mañana, un nutrido número de personas concentró frente a la sede de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), en Marcelo T. de Alvear y Achával Rodríguez. La convocatoria partió de la Federación Converger, y reunió en buen número a pacientes, familiares, prestadores individuales, instituciones, colegios profesionales y transportistas. Se presentó un petitorio denunciando la grave situación que atraviesan.

A raíz de la fuerte escalada de los precios producto de la inflación, se rechazó el magro incremento que se otorgó, autorizado por el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que determina los aranceles de los prestadores del área discapacidad. 

Se explicó que el aumento otorgado fue del 32 por ciento para enero y febrero, cuando se estima una inflación para los dos primeros meses del año del 45 por ciento. Por otra parte, insistieron con un reclamo recurrente: la mora en el pago, que puede llegar a los 120 días. 

Un reclamo replicado en todo el país

Federico Galíndez integra la Fundación Bonino y coordina la Federación Converger, que es una institución con 25 años de trabajo en el terreno de la discapacidad. En diálogo con La Nueva Mañana dijo que a las autoridades de Apross se les entregó una nota, enumerando los reclamos y reflejó que, a nivel nacional, también fue elevado un petitorio al presidente Javier Milei. 

“Esta movida que organizamos en Córdoba, también se llevó adelante en Salta, San Juan, Mendoza, Río Negro, Buenos Aires y Santa Fe”, explicó.

Galíndez agregó que “estamos planteando la grave situación que atravesamos, además de diversas cuestiones operativas”. 

Reconoció el éxito de la convocatoria, que busca visibilizar la crisis del sector, y reflejó que participaron “prestadores individuales, gente con discapacidad, algunos familiares, colegios profesionales, instituciones y hasta transportistas, quiere decir que hubo representantes de todos los sectores involucrados en el área de la discapacidad”.

Carta al presidente Milei

Desde el Foro Permanente “Discapacidad. Promoción y derechos”, que nuclea a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para las personas con discapacidad, se dirigieron por nota al Presidente de la Nación.

“Nos movilizamos para llamar la atención sobre la compleja situación que tienen que enfrentar quienes prestan servicios a personas con discapacidad”, indica el texto.

Y agrega: “A este tipo de prestaciones (Centros de Rehabilitación, Centros de Día, Escuelas, Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa, Centros Terapéuticos Educativos, Hogares, Residencias, Terapias de Apoyo, Transporte para asistir a ellas, etc.) acceden unas 200.000 personas con discapacidad y unos 100.000 trabajadores se desempeñan para desarrollar las mismas. Estas prestaciones son cubiertas económicamente, según establece la Ley 24.901, por diversos efectores como: PAMI, Obras Sociales Nacionales, Prepagas e Incluir Salud. Este sector terminó el mes de diciembre 2023 con un desfasaje de alrededor de 100 puntos entre la inflación anual (2023) y los aranceles fijados por el Estado nacional”. 

En otro párrafo, se detalla: “Esta situación se complejiza cuando tienen que enfrentar deudas que las Obras Sociales Nacionales e Incluir Salud mantienen con estos servicios, así como el financiamiento del pago de las obras sociales que suelen extenderse, en general, entre 60 y 90 días de facturada la prestación y en ocasiones aún más. A esto se debe sumar la inflación prevista del mes de enero 2024 del 22%, así como la suma fija $70.000 establecida por Fatsa (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina), o el aumento de sueldos establecido por Utedyc (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) para enero y febrero del 25 %, también deben afrontar el 25% otorgado a los Trabajadores de la Educación y no debemos olvidarnos del aumento del combustible que ha llevado a muchos transportistas a dejar de brindar su servicio a partir del 1 de enero, lo que implicó, además, el cierre de varias empresas”.