La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) informó este miércoles que los gremios estatales realizaron una presentación ante el Ministerio de Trabajo "después de que el Gobierno de la Provincia de Córdoba informara que los salarios de diciembre y de enero no tendrían la recomposición salarial por inflación, prevista en el acta acuerdo firmada el 21 de septiembre del 2023". 

Mediante un comunicado, señalaron que rechazan esa medida, a la cual tildaron de "absolutamente ilegal".

Del mismo modo, exigieron a la cartera laboral "que intime al Gobierno provincial a cumplir con el acta salarial, resultado de una conciliación obligatoria, convocada por el propio Ministerio de Trabajo, y que proceda a liquidar los haberes al personal docente conforme los términos pactados". 

Además, solicitaron que dicha cartera "instruya al Ejecutivo a que convoque a la brevedad a la Comisión Paritaria Salarial para determinar las escalas correspondientes a partir del mes de febrero del presente año". 

En tanto titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sergio Castro, advirtió que "si no se abre un diálogo real, la conflictividad se intensificará desde el 1° de febrero".

El sindicalista dijo que con las medidas de ajuste implementadas por la Provincia, los estatales tendrán "más descuentos que aumentos", al recordar que a esa decisión oficial de desconocer el acuerdo paritario se suman los incrementos a los aportes de la obra social estatal y de la Caja de Jubilaciones.

El SEP anunció para este jueves una nueva movilización desde las 10, con convocatoria en Corro 269 "por la reincorporación de cada trabajador/ra despedido/a" y detalló: "más del  80% de los despidos los sufrieron mujeres: jefas de hogar, embarazadas, único sostén de sus familias. No somos un número, somos trabajadores y nuestro trabajo debe ser reconocido".

En tanto, desde la Asociación Trabajadores del Estado local (ATE), Federico Giuliani calificó como una "arbitrariedad e ilegalidad" la decisión del Gobierno provincial de "pulverizar la cláusula gatillo", al entender que fue plasmado en un acta oficial. Además, dijo que "desconocer ese acuerdo evidencia la precariedad de las garantías institucionales".

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