El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el ministro de Justicia y Trabajo Julián López, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmaron un convenio para combatir narcotráfico y crimen organizado.

El mismo establece la creación de una mesa operativa con representantes de Nación, Provincia, Fuerzas de Seguridad y más, para coordinar acciones en Córdoba.

Según informó el Ministerio de Seguridad desde la red social "X", el objetivo es que la provincia se convierta en un "territorio hostil para el narcotráfico y las organizaciones delictivas que atentan contra las y los cordobeses".

El convenio establece protocolos de actuación conjunta entre fuerzas federales y provinciales enfocados en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Desde el área que preside Bullrich se informó que la Mesa Operativa Conjunta tendrá por función "desarrollar la planificación operativa y coordinar acciones en el territorio provincial".

Participaron del encuentro Sebastián García de Luca, secretario de Articulación Federal de la Seguridad de la Nación; Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación; Julián López, ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba y Néstor Majul.

El objetivo de esta iniciativa es la complementación y el perfeccionamiento en el accionar en materia de seguridad en el territorio provincial mediante el intercambio de información, el seguimiento de la situación, el logro de acuerdos sobre modos de acciones y previsión de operaciones conjuntas y la evaluación de los resultados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 24.059 y sus modificatorias, a la cual adhirió la Provincia mediante la Ley N° 8831.

 
A su vez, el acuerdo prevé la constitución de una “Mesa Operativa Conjunta” con representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, Ministerio de Seguridad de la Provincia, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Provincia de Córdoba para la implementación de un “Plan de Trabajo Conjunto”.

Esta acción estará previamente definida a partir de un diagnóstico de la situación de seguridad en el territorio provincial el cual deberá contemplar la formulación de los lineamientos de trabajo, la determinación de acciones prioritarias, así como la reasignación de efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad u otros recursos humanos, tecnológicos o materiales.

La función específica de dicha Mesa Operativa Conjunta será la de desarrollar la planificación y coordinar las acciones en el territorio provincial, como así también los instrumentos de soporte logístico, de comunicación, de investigación criminal, información, mapa del delito y otros para el logro de los fines propuestos.

Una vez finalizada la reunión protocolar, la ministra Bullrich informó a los ministros que durante el mes de enero viajará a la provincia de Córdoba para reunirse con el Gobernador Martin Llaryora, en el marco del trabajo conjunto que prevé el nuevo convenio entre ambas jurisdicciones.

El día lunes, reunión en San Francisco

Una vez refrendado el convenio marco, el día lunes 8 se realizará una reunión en la ciudad de San Francisco donde autoridades del Gabinete provincial, junto a los jefes de la Policía de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA), Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) definirán el protocolo de acción conjunta entre las fuerzas de ambas jurisdicciones. También participará de esta reunión el Fiscal General de la Provincia.

Las reuniones entre los ministros provinciales y sus pares nacionales se dan en el marco de la decisión del Gobernador Martín Llaryora de reforzar las políticas de combate contra la inseguridad, el narcotráfico y las organizaciones delictivas.

Además de la sanción de la nueva Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana 10.954, el gobernador anunció el refuerzo con mayores recursos y personal de la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, e instruyó a los ministros de las áreas Seguridad y Justicia para que realicen las gestiones necesarias ante las jurisdicciones nacionales a los fines de establecer mecanismos de cooperación que redunden en un combate más eficiente y efectivo de esta problemática.