Respecto de la situación de aquellas trabajadoras y trabajadores, ligados a la Administración Pública provincial a través de contratos que vencieron el 31 de diciembre, a través de un comunicado, emitido por la Secretaría General de la Gobernación, la gestión de Martín Llaryora informó que "los responsables de cada jurisdicción evaluarán en su nueva estructura orgánica la necesidad del área y aquellos servicios que se consideren indispensables serán objeto de análisis".

"Se recuerda que esta clase de contratos tiene vigencia por un tiempo determinado y posee fecha de caducidad, por el cual su término opera de pleno derecho y no debe sorprender a quienes se encontraron vinculados por este instrumento", aclara el comunicado, difundido por El Doce.

Si bien el texto no brinda mayores precisiones y elude referirse a una política general sobre el tema, y deriva en cada jurisdicción la política a llevar adelante respecto a los trabajadores contratados; sí vale mencionar que el gobernador Martín Llaryora anunció al momento de asumir la necesidad de recurrir a medidas de austeridad.

En su primer discurso ante la Legislatura, el gobernador anunció un recorte de sueldos en el Ejecutivo y destacó la reducción de la cantidad de ministerios. Además anticipó que se congelarían las vacantes en el Estado provincial, excepto en servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

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