La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) advirtió que el protocolo "antipiquetes" anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es una "muestra clara" de que la represión es "el camino elegido para garantizar el mega ajuste en marcha" y exigió su "inmediata derogación".

"El protocolo antipiquetes anunciado por la ministra Bullrich apenas 24 horas después de que el ministro de economía (Luis Caputo) licuara en más del 120% los ingresos de las familias argentinas es la muestra más clara de que la represión es el camino elegido para garantizar el mega ajuste en marcha", advirtió la organización en un comunicado difundido hoy en sus redes sociales.

Desde la Correpi exigieron "su inmediata derogación" al definir a la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad "como la imposición de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías".

"Se prohíbe el ejercicio del legítimo derecho a la protesta, se avanza en la criminalización de personas y persecución a las organizaciones populares, se habilita el uso inmediato y directo de la fuerza y la detención de manifestantes y se borran de un plumazo todos los estándares impuestos por la legislación nacional e internacional en la materia", remarcaron.

En tanto, desde la organización hicieron responsables "al Estado Nacional y los provinciales y de la Ciudad que actúen en forma similar de las consecuencias que acarree esta política de represión en perjuicio de personas y organizaciones".

En un extenso escrito, sostienen que se impone, como en 2016, "un estado de excepción con suspensión de derechos democráticos y garantías constitucionales".

Además, de que manda a "identificar `autores, cómplices e instigadores` a través de registros de imagen con cualquier dispositivo" para detenerles lo que constituye una "verdadera lista negra”.

"Misma persecución en el caso de madres y/o padres que participen de movilizaciones con sus hijxs, sobre quienes recaerán sanciones", añadieron.

En tanto, se anuncia que las personas y organizaciones "serán demandadas por daños y perjuicios", recordaron que ocurrió "en diciembre de 2017 contra la infame reforma previsional y contra madres y padres de estudiantes que tomaron escuelas en defensa de la educación pública".

"O sea, te apalean y después te cobran el palo", subrayan y criticaron que también se promete "la expulsión vía la Dirección de Migraciones" de personas migrantes.

Finalmente, detallaron que "el protocolo deroga la Resolución 210/2011 del ministerio de Seguridad" que establecía límites al accionar de las fuerzas federales en situación de protesta.

Entre otras, "la prohibición de portar armas de fuego con proyectiles de plomo o la obligación de exhibir la chapa con nombre y grado de los funcionarios, como también de intervenir de manera gradual y progresiva, desde el diálogo, con las personas manifestantes".