En la previa del inicio de un nuevo ciclo en la Legislatura de la Provincia de Córdoba y ante la confirmación de los aliancistas de Juntos por el Cambio de que cada partido integrante conformará bloques propios, el Frente Cívico eligió a Walter Nostrala como responsable para presidir el Bloque de siete legisladores que comienzan a ejercer sus funciones el próximo jueves.

Nostrala es un histórico dirigente del partido fundado por Luis Juez y miembro de su mesa chica. Será el encargado de conducir la bancada, y uno de las principales cohesionadores de la oposición que funcionará, a pesar de algunas divisiones internas, como interbloque de Juntos por el Cambio.

Con la unidad como premisa, Walter Nostrala aclara que el rol que asumirá el Frente Cívico será de una “clara oposición”: “El 25 de junio, por tan solo 60 mil votos, los cordobeses eligieron a Martín Llaryora para gobernar, pero a nosotros para controlar. Aunque el Gobernador electo quiera modificar las leyes para evitarlo, el mandato de la sociedad fue muy claro otorgando a la oposición la mayoría en el Tribunal de Cuentas, y 33 bancas a los legisladores de Juntos por el Cambio. Esta responsabilidad es ineludible”.

Asimismo, aclara: “Además de nuestra función de control, nos verán en un rol permanentemente proactivo. Semana tras semana pondremos en agenda las propuestas que presentamos durante la campaña. 810 mil cordobeses confiaron en nosotros y en los temas que consideramos prioritarios para Córdoba. Que no quepan dudas de que nos verán acompañando responsablemente aquellas iniciativas que mejoren la calidad de vida y las instituciones de la Provincia, pero lo haremos siempre poniendo foco en las prioridades de lo que en verdad se necesita”.

Desde el Frente Cívico aclaran que le será “muy difícil” a Llaryora “continuar su gestión de la forma en la que la está comenzando”.

Hacen alusión a la aprobación exprés de una ley que disminuye las atribuciones de control del gasto público del Tribunal de Cuentas Provincial. Consideran que dicho acto traspasó "terriblemente el límite de la institucionalidad" y anticiparon que buscarán su derogación, judicialización y declaración como inconstitucional.

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