Denuncian al gobernador de Salta y al primo de Peña por desmontes

La organización ambientalista Greenpeace denunció a Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey por los desmontes ilegales sobre zonas de bosque nativo en la zona de finca Cuchuy. 

Según indicaron desde la organización, el área está protegida por la Ley de Bosques, sancionada el 28 de noviembre de 2007 y cuatro comuniades wichís habitan el territorio. "El desmonte en la provincia de Salta deja al descubierto las relaciones, y a veces hasta la identidad, entre el poder político y los empresarios del sector agroindustrial", denunció el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpece,  Hernán Giardini, al diario Tiempo Argentino. 

El coordinador explicó que para desmontar bosque nativo protegido por ley, el gobierno salteño sacó decretos en los cuales se amparó para otorgar excepciones. A su vez, el primo del jefe de Gabinete intimó con una carta documento a la organización para que detuviera su campaña. “No nos amedrenta ni atemoriza porque es nuestra función. Además estamos amparados por el derecho nacional e internacional”, respondió Giardini. 

Además relató que si bien las desforestaciones pararon en 2014 luego de una campaña llevada a cabo desde la organización ambientalista, este año las comunidades wichís aledañas a la zona de desmonte alertaron que comenzaron nuevamente tareas de deforestación. 

La organización denuncia y evidencia los estrechos vínculos de los empresarios con el gobierno nacional. Alejandro Braun Peña y Pablo Clusellas, actual Secretario de Legal y Técnica de la Nación, son miembros del directorio de diferentes empresas del grupo Socma, de la familia Macri, entre ellas: Sideco Americana, Salta Cotton, Latin Bio, entre varias más. Braun Peña fue quien adquirió al finca El Yuto, al sur de Cuchuy, para el grupo. Dueños de este campo son Mauricio Macri, Nicolás Caputo, el diputado nacional Pablo Torello, y empresarios amigos del colegio Cardenal Newman, consignó Tiempo Argentino. 

Sobre las comunidades, Giardini alertó que fueron desplazados y sus tierras vendidas lo cual está prohibido por el artículo 19 de la Ley de Bosques salteña la cual explicita que "no se pueden afectar territorios indígenas". 

“Vamos a seguir la campaña y la vamos a intensificar. No vamos a parar por la carta documento de un empresario. Si lo hiciéramos, no tendríamos razón de ser. Por eso somos independientes de empresas y gobiernos”, dijo el activista y enfatizó que la campaña se centra en 3000 hectáreas en la finca. 

Finalmente, desde el Congreso un proyecto que se encuentra cajoenado espera ser tratado en comisión. El proyecto para una Ley de Delitos Forestales fue presentado por la diputada Victoria Donda. No obstante, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la radical jujeña María Gabriela Burgos, no le dio lugar.