A propósito del asesinato del joven Joaquín Sperani, de 14 años, en Laboulaye; y del otro joven, de identidad preservada, que tendría 13 y que confesó ser el responsable del crimen; Radio Nacional conversó con Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca sobre la inimputabilidad de personas menores de 16 años de edad.

Cabe mencionar que este joven de 13 años fue trasladado al Complejo Esperanza y se halla bajo un sistema de protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

"Legalmente, desde el punto de vista punitivo, es decir desde el punto de vista del Código Penal, no va a responder el jovencito porque la ley estipula que no es punible", refirió inicialmente Morabito, haciendo alusión al Decreto Ley 22.278 (Régimen Penal de la Minoridad), de 1980, que en su artículo 1° precisa: "No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad".

En ese marco, planteó que "hay que trabajar con estos chicos no punibles desde otros puntos de vista" y aclaró enfático que el hecho de que no sea punible este u otro joven de esta edad, "no significa que el Estado no vaya a tomar medidas". Y reiteró: "Lo que no va a tomar son medidas penales". 

Explicó que efectivamente en estos casos, el Estado trabaja desde un punto de vista interdisciplinario en la implementación de un sistema de protección integral.

Destacó, además, que "si bien se habla de una posible institucionalización, desde un punto de vista estrictamente legal, eso sería inconstitucional porque un chico por debajo de los 16 años no puede estar privado de su libertad". Indicó que "si bien no lo podemos sancionar punitivamente, si lo institucionalizamos estamos aplicando encubiertamente aplicando una privación de la libertad". 

Respecto del debate mediático que a partir de este hecho se intenta reinstalar sobre la baja de la edad de imputabilidad, Morabito mesuradamente y apelando a la responsabilidad apuntó que "estos hechos no son hechos comunes, no son cosas que pasan cotidianamente; son hechos excepcionales y aislados".

Y abogó por la responsabilidad de las autoridades, diferenciándolas de las opiniones que a partir de hechos como éste puedan esgrimir tanto las víctimas y sus familiares como el resto de la sociedad civil. "Que las víctimas quieran venganza es irracional, pero razonable, porque son quienes sufren el dolor del delito. Y que parte de la sociedad quiera un juicio y un castigo es legítimo. Pero desde el punto de vista legal eso no es posible", señaló.

Finalmente, exhortó también a reflexionar sobre el contexto social en el que se dan estos hechos. "Hay que pensar cómo estamos dialogando y la violencia social que también se transmite a los jóvenes. Hay que preocuparse por la salud mental de los jóvenes, tanto como de su salud física".

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