Laura Cubas afirmó que el "narcotest" estigmatiza a quien consume
La concejala Laura Cubas, de Izquierda Socialista en el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad, dio a conocer los argumentos a partir de los cuales decidió votar en contra de la modificación al Código de Ética Pública, para imponer la obligación a los funcionarios de presentar un certificado negativo de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicos ilegales.
El proyecto en cuestión, que se conoce como "narcotest", contó con el voto mayoritario de los ediles, menos dos abstenciones y el voto en contra de Cubas.
La concejala de izquierda repasó que en marzo, cuando se hicieron públicas noticias que daban cuenta de la "difícil situación que atravesaba Rosario", con el asesinato de un niño entre otros crímenes vinculados al narcotráfico, "el Intendente (Martín) Llaryora se declaró a favor de la intervención de las Fuerzas Armadas" y "prometió 'mano dura' como la política que le permitiría despegar a Córdoba de Rosario". En ese marco, asegura Cubas, el concejal oficialista Diego Casado "fortaleció la intención de tratamiento de estos proyectos".
Según la concejala, con la aprobación de estas modificaciones al Código de Ética Pública, "hemos perdido la enorme oportunidad de articular los desarrollos científicos y académicos que ofrecieron los prestigiosos científicos y académicos que participaron en las comisiones"; quienes "manifestaron la incapacidad de las pruebas propuestas para confirmar consumo problemático".
Se pregunta la edil de manera retórica "¿qué hacer con ese diagnóstico? ¿Separar a la persona en cuestión de sus funciones? ¿Por presentar una enfermedad? ¿Vulnerar el derecho a la discrecionalidad?".
Y cuestiona que "si el consumo problemático es reconocido como una enfermedad", se decida modificar el Código de Ética. "¿Es que acaso se puede condenar socialmente a una persona atribuyéndole responsabilidad moral frente a una patología? ¿Es un código de Ética una herramienta apropiada para afrontar un problema de salud pública?".
Advierte también que la ordenanza es inconstitucional, al presentar un "retroceso en relación a Ley Nacional 26.924, Plan para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos". Y subraya que resulta un proyecto regresivo, ya que "no sólo no contempla los avances que se han logrado en materia de consumo problemático, sino que retrocede hasta una perspectiva que estigmatiza a quien consume, aplicando un análisis moralista condenatorio, que constituye un grave obstáculo para un abordaje integral y eficaz de tan complicada problemática”.
Finalmente, afirma que “sostener que el objetivo del proyecto es evitar incluir entre quienes asumen responsabilidades como funcionarios públicos a alguien que, motivado por su propio consumo, sostenga relación con quien comercializa sustancias prohibidas, es una ingenuidad".
Y denuncia que esta situación evidencia "falta de voluntad para exterminar el problema de fondo" y que "proyectos como estos son instrumentos de manipulación mediática para presentar una imagen pública combativa y puritana"; pero que "su aplicación es un parche para tapar un ojo, que no quiere ver la realidad”.
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