Investigan una organización detrás de los casos de embarazadas rusas

La jueza federal implantó este lunes el secreto de sumario en la causa en la que se investiga a una supuesta organización dedicada a gestionar en tiempo récord documentación para ciudadanos rusos, en su mayoría mujeres embarazadas, llegados a este país en los últimos meses, informaron fuentes del caso.

La causa se inició en diciembre, tramita ante el juzgado federal 1, que encabeza la jueza María Servini y que por estas horas subroga el juez Ariel Lijo, y quedó en secreto de sumario a partir de los que los investigadores comenzaron a trabajar sobre algunos indicios cuya difusión podría hacer trastabillar la investigación.

La misma apunta a una organización que habría gestionado de modo irregular, y en escaso tiempo, el otorgamiento de residencias permanentes en la Argentina para ciudadanos rusos, entre los cuales sobresalen numerosos casos de mujeres embarazadas que llegaron al país a dar a luz a sus hijos.

Quienes siguen el caso sostienen que tras el nacimiento de los hijos de las mujeres rusas embarazadas, la organización les garantizan la ágil tramitación de sus respectivas ciudadanías y, luego, la obtención del pasaporte para poder utilizarlo en otras partes del mundo donde les sería más difícil moverse con pasaportes rusos.

Una línea de investigación conduciría a identificar a distintos “gestores” que aportan a la trama de falsos certificados de domicilio para que las ciudadanas rusas puedan avanzar con los trámites.

Según fuentes de la investigación, hay líneas investigativas en curso, además de tareas de inteligencia en lugares específicos, lo que explica el secreto de sumario.

Agregaron que los posibles delitos que se investigan son falsificación de documentos, y venta de partidas de nacimientos y DNI a ciudadanos rusos.

Habría al menos dos bandas haciéndolo, que incluyen a ciudadanos rusos operando en Rusia y en Argentina, abundaron.

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que el Gobierno está aportando "todos los elementos" para que los jueces puedan "entender qué hay detrás de estas organizaciones mafiosas" que traen al país a las mujeres rusas embarazadas y ratificó que los extranjeros que quieren acceder al pasaporte nacional inician el trámite en la Justicia federal, no en el organismo que ella conduce.

Carignano sostuvo que las mujeres de nacionalidad rusa que llegan a parir al país son "víctimas" de organizaciones que "se aprovechan" del convenio existente entre la Argentina y Rusia, y que permite que las personas de dicho país no tengan que presentar visa para permanecer durante tres meses en condición de turista o para realizar actividades que no sean remuneradas.

"Estamos dando todos los elementos que encontramos, como domicilios que no son reales, (el testimonio de) las 350 mujeres que hacen referencia a este servicio (que abonan las embarazadas). Migraciones es un órgano de control, no de investigación. Las investigaciones las tiene que hacer la Justicia", remarcó la funcionaria, en declaraciones al canal A24.

La directora subrayó: "No puedo transformar Ezeiza en una maternidad. Mi problema no es con las mujeres embarazadas, es con las organizaciones que están haciendo esto"; y advirtió sobre las medidas de habeas corpus que se están otorgando ante la inadmisión de personas que no cumplen con los requisitos para ingresar al país o que tienen alerta naranja de Interpol, como ocurrió con un hombre ruso el fin de semana.

"Cada decisión que está tomando Migraciones se está judicializando, y es muy difícil poner control y orden en la frontera cuando cada decisión te la judicializan", remarcó, y aclaró que "después de la decisión del habeas corpus, nosotros no podemos impedir más nada".

Justamente, una decisión de este tipo -dictada por el juez Luis Armella- permitió el ingreso provisorio de seis embarazadas rusas que llegaron en los últimos días al país sin cumplir con los requisitos formales para el ingreso a la Argentina.

El fenómeno ya viene siendo investigado por Migraciones desde el año pasado, que incluyó la entrevista a 350 mujeres rusas que relataron que pagaron a organizaciones que les facilitaban la posibilidad de parir en Argentina para luego solicitar la nacionalización y el pasaporte argentino.

Carignano indicó que "en lo que va del año ingresaron 21.982 personas de nacionalidad rusa y el pico se dio en enero, que entraron 4.523", al tiempo que advirtió sobre el hecho de que algunas aerolíneas embarquen a mujeres con un embarazo de 33 semanas teniendo en cuenta el "riesgo" que implica el extenso viaje entre Rusia y la Argentina.

La funcionaria dijo que se detectó "un patrón" entre las embarazadas rusas que vienen a parir al país: tienen menos de 30 años y están en la semana 33 de gestación. En general, declaran ser turistas, pero no tienen pasaje de regreso, no saben responder sobre el itinerario que realizarán en Argentina y se comprobó que "mienten" sobre el lugar de alojamiento.

La directora de Migraciones explicó que "todo aquel (extranjero) que quiere tener un pasaporte argentino tiene que hacer el trámite ante la Justicia federal y se tiene que nacionalizar. Si tiene un hijo argentino o se casó con un argentino no necesita los 2 años de residencia que establece la ley".

"Es la Justicia quien le da el pasaporte no es ni Migraciones ni Renaper (Registro Nacional de las Personas). Tienen derecho porque tienen hijos y de eso se están agarrando estas organizaciones" para cobrarles a las embarazadas rusas, indicó Carignano.

La funcionaria dijo que en este caso "les corresponde el pasaporte por tener un hijo argentino", pero advirtió que "la mayoría de las personas ya no está en Argentina, tienen un hijo y se van, dejan un apoderado" haciendo los trámites.

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