El Estado aceptó responsabilidad por violar la libertad de expresión

El Estado reconoció que violó el derecho a la libertad de expresión de un ex militar y periodista, autor de una investigación sobre la desaparición de 129 soldados del Ejército en la última dictadura, condenado en 2005 por daños y perjuicios en un proceso iniciado por un ex jefe de esa fuerza sentenciado en 2012 a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Así lo informó este martes el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que patrocinó a la familia de José Luis D'Andrea Mohr en una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008 por la violación a la libertad de expresión.

"Luego de un proceso de negociación con el Estado, el 15 de noviembre firmamos un acuerdo de solución amistosa con el Estado, en el que reconoció que violó el derecho a la libertad de expresión del periodista y pidió disculpas a la familia de José Luis", detalló el Cels.

También, en el acuerdo, celebrado 14 años después de la demanda presentada ante la CIDH, se dispuso "honrar la memoria de José Luis a través de la colocación de una placa conmemorativa y de la publicación y difusión de sus dos libros".

D'Andrea Mohr, periodista, activista y férreo defensor de los derechos humanos, integró las Fuerzas Armadas hasta que fue pasado a retiro obligatorio en 1976 por negarse a cumplir órdenes impartidas por la dictadura.

Al retorno a la democracia, integró el Centro de Militares para la Democracia (Cemida), junto con otros oficiales retirados, como el coronel Horacio Ballester, que informó y documentó sobre la represión argentina, hasta que falleció en el 2001.

Uno de los dos libros que escribió, "El escuadrón perdido", fue el resultado de una investigación periodística sobre la desaparición forzada de 129 soldados del Ejército Argentino durante la última dictadura cívico-militar e, inclusive, en el período inmediato anterior al golpe de Estado de 1976.

Según detalló el Cels, en la obra "se señala a Héctor Luis Ríos Ereñú", quien fue titular del Ejército en el Gobierno de Raúl Alfonsín, "como jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28, en el cual se produjo la desaparición del cabo José Hernández".

Por esa mención, Ríos Ereñú le inició un juicio por daños y perjuicios y, aunque en dos instancias la demanda fue rechazada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que esas decisiones fueron arbitrarias y ordenó a la Cámara de Apelaciones a dictar una nueva sentencia.

El proceso culminó con su condena civil en 2005, cuatro años después de su fallecimiento, en tanto que en 2012 Ríos Ereñú fue sentenciado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en Salta durante la última dictadura y falleció en 2017.

Fuente: Télam