La cámara empresaria que nuclea a los dueños de casi 700 estaciones de servicio de Córdoba impugnó una licitación provincial que busca instalar nueve “áreas de servicios” en las Rutas de Acceso a la Ciudad capital (RAC) y pidió la suspensión de la apertura de ofertas previsto para el próximo martes 1 de noviembre.

La convocatoria se abrió en julio pasado y hoy está a cargo de Caminos de las Sierras S.A., la empresa concesionaria en manos del Gobierno cordobés que administra la red de rutas desde febrero de 2010, cuando se desvinculó de la concesión iniciada en 1994 al grupo italiano Impregilo, tras un largo conflicto judicial, que incluyó reclamos en el CIADI por u$s250 millones contra la provincia por incumplimiento del contrato, según publicó Ámbito.

Ese mismo contrato ya preveía la licitación de terrenos para la instalación de estaciones de servicio para automotores y expendio de combustibles; postas turísticas, centros comerciales de escala adecuada; restaurantes y esparcimiento, servicios de grúas, comunicaciones y primeros auxilios. Sin embargo, ese llamado nunca se había concretado.

"Ante la licitación por parte de la provincia, a través de Caminos de las Sierras, para la instalación de nueve áreas de servicio en las rutas de acceso a Córdoba (RAC) y entendiendo que sería una gran amenaza para nuestro sector; desde Fecac hemos presentado una oposición formal a la misma y pedido una audiencia con el gobernador para poder frenar esta intromisión del Estado en el sector privado", indicaron. 

Y agregaron: "Como representantes de las más de 700 estaciones de la provincia, nuestra Federación planteó el rechazo y oposición a la licitación pública que tiene en marcha la firma de capitales provinciales y que actualmente administra los principales corredores viales de la provincia. Sabemos que la decisión del Gobierno de habilitar estos espacios ocasiona perjuicios económicos invaluables para las estaciones de servicio hoy existentes en la zona, sumado a que rechazamos la intromisión de la Provincia en un mercado equilibrado y guiado, hasta hoy, por la oferta y la demanda".

Además, indicaron que más allá de esos dos puntos que señalan, detectaron "varias irregularidades en el proceso de licitación donde muchas de las cláusulas son arbitrarias y permiten la discrecionalidad por parte de la autoridad concedente al momento de seleccionar la mejor oferta".