El Gobierno de Venezuela rechazó y calificó de "falsas y sin fundamento" las acusaciones realizadas en un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que concluye que la inteligencia civil y militar de ese país comete crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, a través de abusos dictados "desde el más alto nivel".

"La República Bolivariana de Venezuela expresa su más categórico repudio a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos, en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre de 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas", expresó el Gobierno a través de un comunicado.

El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas señala que "los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del Gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad".

Para el Gobierno de Nicolás Maduro, esa misión busca atacar a las instituciones venezolanas, bajo el auspicio de Estados Unidos.

Con este mecanismo creado en 2019 "a partir de una cuestionada resolución, promovida por un reducido grupo de Gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, se muestra el doble rasero, la selectividad y el uso politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía" de Estados que "no se someten" al control "anhelado por algunas potencias".

El Gobierno advirtió que tomará medidas diplomáticas en contra de los promotores de la misión, al considerar que el informe viola la Carta de Naciones Unidas, consignó la agencia de noticias Sputnik.

"Alerta a los promotores de esta iniciativa que tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes, en el ámbito bilateral y multilateral, frente a cualquier intento de seguir prolongando el mandato de este mecanismo de agresión contra las legítimas instituciones venezolanas, en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas", subrayó.

De igual manera, ratificó que continuará cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, en base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos, respeto al multilateralismo y diálogo constructivo.

En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela por un período de un año, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.

Posteriormente, el mandato de la misión fue prorrogado hasta septiembre de 2022.

El informe documentó, según la misión, al menos 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares, algunas de ellas clandestinas, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como 51 en centros de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Fuente: Télam

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