Comandó la investigación policial que tuvo a un inocente preso durante dos años y que despejó, al menos por ahora, la posibilidad de encontrar justicia para nada menos que un femicidio. Y no solo: en pleno juicio oral y público se jactó de su actuación. El comisario inspector Diego Bracamonte, otros dos funcionarios policiales y seis agentes fueron separados de sus funciones en las últimas horas, tras la muerte de un hombre detenido en la comisaría de La Falda. 

En rigor, el único desplazado fue Bracamonte, ahora ex director de la Departamental Punilla Norte. El director General de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, comisario general Julio César Faria; y el director de Entrenamiento Profesional Permanente, comisario inspector Marcos Germán Manrique fueron pasados a retiro, mientras que seis agentes de la comisaría quedaron en situación pasiva. 

El detonante de la nueva purga en la Policía de Punilla fue el fallecimiento del detenido Jonathan Romo, de 36 años. El deceso se produjo el domingo 10 de julio y en circunstancias que aún restan determinar, aunque sí está confirmado que ocurrió en el propio vestíbulo de la comisaría. Aunque la investigación del fiscal de feria Raúl Ramírez recién inicia, los más básicos estándares de Derechos Humanos dan cuenta de que el Estado debe responder por la vida de cualquier persona privada de su libertad. También resulta claro que la de Romo fue, al menos a primera vista, una muerte que pudo evitarse.

Pero más allá del deceso, el descabezamiento de la máxima autoridad de la departamental Punilla Norte parece inescindible de la más que cuestionable instrucción por el femicidio de Cecilia Basaldúa. El nivel de esa investigación fue tal, que el único imputado resultó absuelto tras haber permanecido dos años preso.

Esa instrucción tuvo como actores centrales a Bracamonte y al entonces subcomisario Ariel Zárate, más tarde detenido por violencia de género. Entre otras cuestiones, el grupo de trabajo dirigido por la fiscal Paula Kelm no atinó a vincular con el caso un escenario ensangrentado hallado a escasa distancia de donde luego aparecería el cuerpo de Cecilia, y cimentó la “investigación” en una confesión del imputado Lucas Bustos que a la postre se demostraría inválida.

“La investigación la dirigía yo”, se ufanó el ahora desplazado comisario inspector Bracamonte en mayo, ante los jurados del caso Basaldúa.

En el juicio, la querella de la familia Basaldúa pidió que las actas fueran giradas al Tribunal de Conducta Policial; el jurado no hizo lugar, pero el ente administrativo al parecer tomó nota. Mientras cobra aún más fuerza el anunciado pedido de juicio político a la fiscal Kelm, las expeditivas medidas conocidas este martes ratifican las sospechas de que algo olía mal en Punilla. 

Las próximas semanas serán claves para saber si es posible romper el cerco de la impunidad y avanzar con la exigencia de justicia por Cecilia Basaldúa.

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