Impulsan un proyecto de equidad de género en la industria cinematográfica
La Asociación de Directores de Cine PCI (Proyecto Cine Independiente) presentará el 13 de abril, junto a la diputada nacional Gabriela Estévez y el Área de Género y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de ley de equidad de género en la industria cinematográfica y audiovisual argentina.
La norma “busca fomentar la representación equitativa en el ámbito laboral y en los puestos de liderazgo, una justa redistribución del fomento y los recursos públicos, como así también prevenir y poner fin a todas las formas de violencia de género”, explica través de un comunicado el PCI.
“Necesitamos de una legislación que elimine los prejuicios y las prácticas cotidianas que reproducen estereotipos, los cuales se fundamentan en ideas, cualidades, expectativas y representaciones simbólicas -explican-, que la sociedad atribuye a mujeres y hombres y que son sostenidas de generación en generación a través de la cultura y la socialización”.
En los fundamentos del proyecto, la Asociación de Directores destaca que en el sector audiovisual la inequidad entre hombres y mujeres es comprobable, en donde hay “roles históricamente feminizados como maquillaje, vestuario, dirección de arte, peinado, jefatura de producción y roles administrativos”, describen, “sin embargo, si analizamos otras áreas como dirección, fotografía, sonido y montaje, encontramos la representación más baja de todo el medio”.
El comunicado destaca que a las diferencias salariales entre mujeres y hombres en la industria audiovisual, se le suma que existe una “barrera socio-cultural-política, un sesgo discriminativo “que dificulta el avance de mujeres LGBTTIQ+ en la industria hacia cargos de liderazgo”.
Por último, el proyecto de ley de equidad de género en la industria cinematográfica propone el cumplimiento obligatorio para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y cualquier otro organismo de gestión estatal y también, promoción e incentivos para aquellas empresas, productoras y organizaciones de gestión privada “que elijan adecuarse a la normativa que la ley sugiere”.