Referentes  y candidatas de las fuerzas de izquierda presentaron este viernes, proyectos para avanzar en el juicio político contra Fiscal Juan Manuel Delgado con el objetivo de que el funcionario que firmó un dictamen no (no vinculante) en el que recomienda suspender la IVE en Córdoba deje el cargo de Fiscal General de la Provincia.

Para Luciana Echeverría, “el dictamen de Delgado es un mamarracho jurídico con un alto grado de misoginia y sin ningún asidero en las leyes vigentes". "Justo él, que debería velar por el interés público y los derechos de las personas, es quien los vulnera pretendiendo volver a exponer a las mujeres y personas gestantes de Córdoba a la clandestinidad", dijo la pre candidata a diputada por el MST.

“Una persona que hace primar su visión religiosa por encima de las numerosas leyes y normativas nacionales e internacionales que reconocen nuestro derecho a decidir no puede tener a su cargo el Ministerio público Fiscal y es por eso que hoy estamos pidiendo su destitución", señaló Echevarría; que también afirmó que "la postura de Delegado contra los derechos de las mujeres era ampliamente conocida, sin embargo todo el arco político, el PJ cordobés, Juntos por el Cambio e incluso el kirchnerismo lo pusieron en su cargo, atentando contra la lucha que venimos dando hace años y poniendo en riesgo nuestras conquistas tal como se evidencia con este dictamen".

Desde el espacio Fortalecer la Izquierda, Laura Vilches y Liliana Olivero también ingresaron un pedido de juicio político en la tarde del viernes.

"La actuación del fiscal ha sido contraria a las exigencias legales y a sus deberes funcionales, atento que se encuentra pendiente de resolución un pedido de recusación en virtud del cual corresponde que tal como desarrollaré a continuación, la conducta del fiscal impone que se investigue seriamente la conducta en relación al mal desempeño en sus funciones y desconocimiento inexcusable del derecho del representante del Ministerio Público antes mencionado", señalan en la presentación en la que consideran que "no se trata de una mera discrepancia con sus valoraciones jurídicas sino de la violación palmaria del deber de resguardar la validez de la intervención del Ministerio Público Fiscal".