La ex presidente Cristina Kirchner estuvo este jueves en los Tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante el juez Julián Ercolini por la causa Hotesur. Sin embargo, se negó a declarar y entregó al magistrado un escrito.

La ex mandataria se presentó en los tribunales para brindar su testimonio en el caso que la investiga por los supuestos falsos alquileres de plazas hoteleras a la familia presidencial.

En un primer momento, se esperaba que CFK llegara a los tribunales a las diez de la mañana. Sin embargo, su abogado Carlos Beraldi solicitó el adelantamiento de una hora del testimonio debido a compromisos posteriores en el resto de la jornada. La ex mandataria arribó a las 8.50 de la mañana y abandonó el lugar a las 9.15.

En el escrito que entregó, Cristina Kirchner alegó que ya había sido anteriormente sobreseída por los delitos que se le imputan en esta causa y volvió a denunciar una persecución política.

"Indudablemente, ningún razonamiento puede explicar semejante incoherencia, la cual solo resulta entendible en el marco de una inédita y grotesca campaña de persecución política, mediática y judicial que no registra antecedentes similares, al menos en tiempos democráticos", afirmó en el texto.

La ex Presidente es investigada por la supuesta simulación de alquileres de habitaciones de hotel por parte de la empresa Hotesur.

En las afueras de Comodoro Py ya se armó un fuerte operativo de seguridad ante el eventual acompañamiento de militantes de diversas agrupaciones políticas. La propia Cristina Kirchner pidió a través de las redes sociales que no la acompañaran.

El único de momento de tensión se vivió a la salida de Cristina Kirchner de los Tribunales, cuando un hombre traspasó la valla perimetral y se acercó a la ex presidente para entregarle un Oscar de plástico. El sujeto quedó demorado en los propios tribunales.

En tanto, se espera que su hijo Máximo Kirchner también se presente a declarar en la causa el próximo lunes, mientras que Florencia lo hará dos días después.

Además de Cristina Kirchner y sus hijos, fueron citados a indagatoria otros 20 imputados, entre los que figuran el empresario Lázaro Báez, su hijo Martín y el contador histórico de los Kirchner, Víctor Manzanares.

 Parte del texto de la ex presidente es el siguiente:

Como será explicado en los capítulos siguientes, en la presente causa se han violado de manera grosera las reglas más elementales que hacen al debido proceso legal.

Por empezar, se impulsa una investigación penal sin que se me atribuya un hecho puntual, concreto y específico de carácter delictivo. Por el contrario, solo se hace referencia a operaciones comerciales regulares y lícitas que fueron declaradas ante los organismos competentes, instrumentadas de conformidad con las prácticas legales, bancarizadas y por las que se pagaron todos los impuestos correspondientes.

Como también se verá, la legalidad de los hechos sub litis no es una mera elucubración de mi parte sino que, antes bien, existen por lo menos siete decisiones judiciales firmes que han analizado los mismos actos, en las cuales se descartó la existencia de cualquier tipo de ilícito. De hecho, aunque cueste creerlo, la mitad de estos pronunciamientos fueron dictados y consentidos por el mismo juez y el fiscal que intervienen en este proceso, circunstancia que, entre muchas otras, deja al descubierto hasta qué punto se encuentra ahora debilitada la independencia del sistema judicial argentino.

Para peor, en línea con la construcción mediática que viene efectuando la prensa hegemónica, se pretende hacer creer que esos supuestos delitos ya se encuentran probados, colocándome en la inconcebible posición de tener que acreditar mi inocencia, desvirtuándose así uno de los más elementales principios que establece la Constitución Nacional: toda persona es inocente hasta que una sentencia firme demuestre su culpabilidad.

En rigor de verdad, son tantas y tan groseras las mentiras que se han dicho, que la acusación ingresa en el terreno del ridículo (del que no se regresa) afirmándose, entre otras cosas, que se buscó obtener dinero efectivo para adquirir los hoteles que luego fueron alquilados con la compra previa de departamentos, en vez de su venta.

En esa misma línea se sostiene que se intentó mantener “oculta” la adquisición del hotel Alto Calafate a pesar de que esa operación fue inmediatamente declarada ante todos los organismos competentes y registrada en los libros de Hotesur S.A. Incluso se llega al absurdo de catalogar como “sospechosa” esa transacción por la simple razón de haberse llevado a cabo en un banco del microcentro que se encontraba “a menos de 150 metros de la casa de gobierno”.

En otro párrafo asegura.

En otras palabras, se llega al absurdo de tener que probar la licitud de un acto cuando en cualquier legislación del mundo –y en Argentina también- la operación es al revés: la parte que acusa es la que tiene la obligación de acreditar la existencia del delito (onus probandi incumbit actori).

Se estaría derogando entonces la presunción de inocencia y cualquier ciudadano acusado deberá probar que es inocente. Un verdadero disparate jurídico y lógico.

El texto completo puede leerse en este enlace.