Al filo de la feria judicial de verano, este lunes alegarán abogados defensores de algunos de los imputados en el 12° juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba. Tras la exposición del jueves último, en la que expuso Rodrigo Altamira, representante de seis de los acusados, en la última audiencia antes de la sentencia –prevista para febrero- alegarán las defensas que no lo hicieron hasta el momento.

La audiencia comenzará a las diez y como ocurrió durante todo el proceso, podrá seguirse a través del canal de YouTube del tribunal. Será el cierre de la etapa de alegatos, que inició a principios de mes con la exposición de las querellas particulares y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y tuvo como nota sorpresiva el pedido de absolución para dos imputados que el miércoles 16 solicitó el fiscal Maximiliano Hairabedian.

Al día siguiente, en tanto, Altamira alegó en representación de los imputados  Flores, Gómez, Jabour, Lucero, Molina y Yanicelli, puntualmente por el caso de la familia Soulier, perseguida y masacrada por el terrorismo de Estado.

El eje de su estrategia giró en torno a señalar que “no se ha probado que las victimas estuvieron alojados en el departamento de Informaciones”, ex D2, salvo Luis Freddy Soulier, luego liberado. “Y sí hay pruebas concretas y reales de que estuvieron detenidos en el centro clandestino La Perla”, señaló, en un intento por desvincular del caso a los ex policías que defiende en este proceso. “El Departamento de Informaciones era un órgano preventor en este tipo de delitos”, dijo, y luego cuestionó parte del testimonio de la testigo y víctima Norma Julia Soulier.

El abogado hizo referencia también a las “atribuciones de las fuerzas de seguridad para detener a personas por averiguación de antecedentes en el contexto del estado de sitio”, el eje central que esgrimió Hairabedian para pedir la absolución de Carlos Meira y Arturo Grandinetti, imputados por la supuesta privación ilegítima de la libertad agravada de María del Carmen Pietri y Adrián Ferreyra. El matrimonio fue detenido el 29 de marzo de 1976, en un procedimiento que fue el inicio de un calvario que prosigue hasta hoy: tras aquella detención por averiguación de antecedentes”, Ferreyra lleva 44 años y 9 meses desaparecido.

En el cierre de su alegato, Altamira pidió la absolución para sus representados.

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