El fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio de tres miembros de la Policía Federal Argentina por su participación en la represión de la que el 20 de diciembre de 2001 fueron víctimas, entre otros colectivos sociales y personas, las Madres de Plaza de Mayo. Tras realizar una contextualización histórica, política y social sobre el momento y lugar en el que se produjeron los hechos, que calificó como de los “más críticos a nivel institucional que se vivieron en nuestro país desde el retorno de la democracia”, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el juzgamiento en un debate oral y público de los entonces subcomisario Ernesto Weber, principal Fernando Villegas y cabo Luis Rodríguez por el delito de vejaciones.

Picardi destinó un apartado de la presentación para contextualizar el proceso que desembocó en el accionar vejatorio del Cuerpo de Policía Montada en esa mañana de jueves: recordó que en la década del 90´ “la sociedad argentina protagonizó profundos cambios en sus formas de organización y acción colectiva. Dichas mutaciones han sido consecuencia directa de las políticas económicas y sociales implementadas desde la década del 70´ por la última dictadura cívico militar, y profundizadas a partir de aquellos años”.

En ese sentido señaló que “la crisis producida en 2001 fue consecuencia de un régimen político que ya desde 1995 mostraba niveles altísimos de desocupación, grandes deterioros de la situación laboral y disminuciones de la inversión en programas de desarrollo social, entre otros factores influyentes. Sin lugar a duda, las políticas neoliberales en general, la flexibilización laboral y el incremento de la desocupación en particular, han sido situaciones objetivas que impactaron notablemente en el peso de la protesta social, y no sólo en cuanto a sus protagonistas, sino también sobre su modalidad”.

El repaso de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5  agregó que con el “corralito” dispuesto por el Gobierno de entonces el primer día de ese diciembre, para hacer frente a la amenaza de default y el colapso del sistema bancario, “exacerbó aún más el malestar social. En este escenario, el 13 de diciembre se realizó un paro nacional con una adhesión casi unánime, que culminó con diversas manifestaciones a lo largo del país que se prolongaron en los días siguientes”. “De esta manera se arribó al estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001”, adelantó.

"Las políticas neoliberales en general, la flexibilización laboral y el incremento de la desocupación en particular, han sido situaciones objetivas que impactaron notablemente en el peso de la protesta social, y no sólo en cuanto a sus protagonistas, sino también sobre su modalidad”, contextualizó el MPF.

Tras el estado de sitio en todo el territorio nacional dictado la noche del 19, “miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo –y en otros puntos neurálgicos del país– para manifestarse en contra de las políticas del Gobierno”. La respuesta fue “una brutal represión” en “las inmediaciones del Congreso de la Nación y de la Plaza de Mayo, provocando heridas y muertes entre las personas manifestantes como consecuencia de los disparos de balas de plomo y de goma que se mantuvieron hasta horas de la madrugada”.

Picardi resaltó que la presencia de las Madres de Plaza de Mayo en su lugar usual de manifestación, como todos los jueves, “es un dato que debe tenerse especialmente en cuenta, porque son un emblema de expresión pacífica y activismo por los derechos humanos, y de lucha frente a cualquier injusticia y reclamo social, tanto de nuestro país como de la escena internacional. Sin embargo, pese al espíritu de protesta pacifista que las caracteriza, fueron brutalmente golpeadas y maltratadas”.

Así, los antecedentes históricos, el escenario y las víctimas involucradas “demuestran la contundente construcción de sentido político en la Plaza de Mayo, como espacio fundamental de representación social directa. Y ello resulta de fundamental interés, porque la manifestación reprimida por el cuerpo policial se estaba desarrollando justamente allí, en este espacio simbólico de acción política popular de nuestro país. Ese acto evoca un ejercicio histórico de nuestra experiencia democrática, que involucra una acción de comunicación directa entre las demandas sociales manifiestas en la voluntad del pueblo como sujeto político, frente a las instituciones gubernamentales”, estimó el MPF.