Durante unas seis horas, se desarrolló este miércoles una nueva audiencia del 12° juicio de lesa humanidad en la provincia, que juzga hechos ocurridos en Córdoba entre marzo y septiembre de 1976, durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. El proceso, que tiene como imputados a 18 ex militares, ex policías provinciales y ex agentes de inteligencia, transita por estas semanas su fase final: este jueves y el lunes alegarán las defensas, y en febrero se conocerá el fallo.

La jornada fue íntegramente ocupada por el fiscal Maximiliano Hairabedian, quien repasó los hechos que se juzgan, dio por probada su existencia y distinguió entre las víctimas los casos de quienes fueron vistos en determinados centros clandestinos de detención -o existe documentación que así lo prueba- y de quienes no.  

Uno a uno, el representante del Ministerio Público Fiscal desgranó los hechos detallados en la requisitoria de elevación a juicio, señalando la particularidad de cada caso y las participaciones de las que son acusados los respectivos imputados. Salvo el hecho 3 de la causa Diedrichs, que fue abordado por el fiscal Facundo Trotta y que refiere a la tragedia sufrida por la familia Arias-Soulier.

Hairabedian señaló que tras once juicios de lesa humanidad en Córdoba, “ya está acreditada la cadena de mando y la estructura represiva”. Y desmontó los argumentos esgrimidos por algún imputado con relación a que lo vivido durante el terrorismo de Estado fue una guerra, al señalar que “los hechos de esta causa ninguno es en combate” y las víctimas fueron secuestradas “en total indefensión”.  

El caso en el que quizás más se detuvo para explicar su postura fue la detención que el 29 de marzo de 1976, en cercanías de Media Naranja, sufrió el matrimonio compuesto por María del Carmen Pietri y Adrian Ferreyra. Los dos fueron llevados a la comisaría de Cruz del Eje, de donde Pietri fue liberada ese 29 de marzo de 1976 y su esposo permaneció detenido, para ser trasladado luego con rumbo desconocido.
Ferreyra, que tenía 22 años y era estudiante y militante político, ingresó tras esa detención en la categoría de desaparecido.

En su alegato, Hairabedián consideró que la actuación de los imputados Carlos Meira y Arturo Grandinetti no configuraría el delito de privación de la libertad agravada, en tanto señaló que el marco jurídico imperante en ese tramo de la dictadura –el estado de sitio- permitiría ese tipo de detenciones por “averiguación de antecedentes”. Y valoró que los imputados actuaron a cara descubierta y utilizando sus uniformes del Ejército.

Tras explicar ello y otras circunstancias, pidió al tribunal que absuelva a esos dos imputados.
Rápido de reflejos, Meira –que es abogado y ejerce su propia defensa- pidió y logró alegar en ese momento y se limitó a decir: “Adhiero al pedido absolutorio del ministerio público, el fiscal ha demostrado ser un hombre de derecho y un caballero”. Y con voz quebrada agradeció a sus hijos el acompañamiento en este trance judicial, que verá la sentencia en febrero.

En los otros casos que se ventilan en este juicio –secuestros, desapariciones, privaciones de la libertad, tomentos y homicidios- Hairabedián pidió penas. Puntualmente, prisión perpetua para los imputados Jorge Ezequiel Acosta, Ernesto Barreiro, Díaz, Luis Diedrichs, José Herrera, Ricardo Lardone, Arnoldo López, Emilio Morard y Héctor Vergez. También solicitó 18 años de prisión para Calixto Flores, Miguel Ángel Gómez, Yamil Jabour, Alberto Lucero, Juan Molina y Carlos Yanicelli. Y cuatro años para el policía Fernando Rocha.
Este jueves, desde las 10, se desarrollará el alegato de dos de las defensas.

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