Los legisladores radicales Marcelo Cossar y Veronica Garade Panetta presentaron un proyecto que busca crear “una comisión que investigue los delitos cometidos por el estado durante la cuarentena”.

La iniciativa, que también es apoyada por todo el bloque de Córdoba Cambia, busca “dar seguimiento a las presuntas violaciones de derechos humanos y garantías constitucionales, y a hechos de violencia institucional cometidos en el territorio  de la Provincia de Córdoba en el marco de las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.

Para eso, requiere la creación de una Comisión Provincial de Investigación de los Delitos cometidos por el Estado durante la Cuarentena (COPIDEC) que debería estar integrada por 9 legisladores y sus correspondientes suplentes. La tarea de dicha comisión sería la de “investigar, sistematizar y documentar casos de violaciones de derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, y la presunta comisión de los siguientes delitos por parte de cualquier organismo, institución o fuerza de seguridad en el territorio de la Provincia de Córdoba”.

Con los dardos claramente apuntados a la gestión de Gobierno (y puntualmente a la políticas de seguridad del schiarettismo),  el proyecto enumera entre esas violaciones a las detenciones arbitrarias, desaparición forzada, muerte y lesiones, muerte y lesiones bajo custodia, torturas, uso de la fuerza en el curso de procedimientos preventivos o de investigación, limitaciones al ingreso o a la libre circulación de personas por el territorio provincial, y las consecuencias derivadas del hecho, limitaciones a la libertad de expresión, abusos por parte de las fuerzas de seguridad u organismos del Estado y acciones derivadas de la criminalización de actividades lícitas.

Entre los fundamentos del proyecto, en los que se enumeran algunos de los casos recientemente ocurridos en el país y en la provincia, el radicalismo asegura que “aún atendiendo a las particulares características de la emergencia sanitaria y de las restricciones vigentes a la libre circulación, es necesario un compromiso efectivo de los gobiernos provinciales para poner un límite a los excesos denunciados”.

Por esas razones, buscan avanzar con la creación del espacio parlamentario similar al propuesto a nivel nacional por el Diputado Nacional Fernando Iglesias, “en trámite ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y en donde se solicita la creación de un organismo parlamentario que preste debida atención al inusitado crecimiento de hechos de violencia institucional y de excesos por parte de diferentes fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional”.