“No voy a declarar”. “No tengo nada que ver en todo esto”. “Esto no tiene sustento probatorio”. “Niego mi participación en estos hechos”. “No se va a poder garantizar la imparcialidad”. “Si esto no concluye pronto, pienso en matarme”. Frases de algunos de los 18 imputados que comparecieron este miércoles 16 en una nueva audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad que ventila las causas Diedrichs/Herrera, por hechos ocurridos en Córdoba entre marzo y septiembre de 1976. 

La segunda jornada del proceso oral y público –el duodécimo de estas características en la provincia- fue presidida por Carolina Prado, secundada por los jueces Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci. El grueso de la audiencia se dedicó a actualizar los datos personales y tomar declaración indagatoria a los imputados, de los cuales cuatro permanecen detenidos en establecimientos carcelarios, doce cumplen prisión domiciliaria y dos están en libertad. 

La ronda comenzó con el represor Héctor Vergez, quien apuntó que “en agosto yo no estaba en Córdoba, estaba en Buenos Aires, y me endilgan hechos en agosto” de 1976, intentando de ese modo desligarse de la acusación. En la primera parte de la jornada, que transcurrió hasta las 14, se abstuvieron de declarar los imputados Luis Diedrichs, Ernesto “Nabo” Barreiro, Carlos “HB” Díaz (lo hizo por escrito el martes 16) y Emilio Morard.

Sí lo hicieron otros acusados. Jorge Acosta leyó una recusación contra los dos jueces del tribunal, un recurso que ya había sido desestimado antes del inicio de las audiencias. Y José Herrera dijo que la acusación “no tiene sustento probatorio”, se quejó porque testigos por él ofrecidos “no han sido convocados” y remarcó que en la instrucción “hay lugares de detención que  no han sido incorporados”. 

Pero la alocución más extendida y polémica fue la de Arnaldo “Chubi” López, quien también recusó a los vocales, dijo que en el juicio “no se va a poder garantizar la imparcialidad” y negó participación en los hechos que se investigan, analizando uno por uno durante casi una hora, sin discriminar en cuáles se encuentra imputado y en cuáles no. Además, chicaneó al menos en dos oportunidades al querellante Claudio Orosz, al señalar en su declaración que el letrado fue “guerrillero y “del ERP”. 

La parte más jugosa de su discurso fue cuando, tras asegurar desconocer el destino de los desaparecidos y negar haber participado en interrogatorios durante la dictadura, admitió su intervención en un único operativo ilegal: el desplegado por las fuerzas represivas el 9 de marzo de 1977 en el Cerro de las Rosas, en la casona conocida como El Castillo. 

Aquel día, las fuerzas de la represión atacaron el inmueble a bazucazos y asesinaron a los militantes de Montoneros Eduardo Tomás Molinete, Juan Carlos Conocchiari, Raúl Alberto Vega, Ada Alicia Juaneda, Hilda Inés Olivier de Santilli, Víctor Berman Salinas Pinheiro y Carlos Eduardo Antonio Mayo.

La confesión de López no pasó inadvertida para los abogados querellantes Orosz y Lyllan Luque, quienes pidieron que la declaración se remitiera al expediente judicial que investiga aquel caso.

Otro imputado que aceptó declarar fue Ricardo “Fogonazo” Lardone, quien admitió haber sido Personal Civil de Inteligencia (PCI) en la primera sección del Destacamento 141 de Inteligencia de Córdoba, bajo la identidad ficticia de “Lacava”. En su declaración, y respondiendo preguntas de la Fiscalía a cargo de Maximiliano Hairabedian, Lardone reconoció haber trabajado en el ex centro clandestino La Perla en 1977, y dijo que “lo mío era sacar fotos”, aunque por otro lado reconoció que “yo era encargado de la seguridad de los marcadores”, en referencia a detenidos que eran sacados de los centros clandestinos y obligados a señalar a sus compañeros. También refirió haber acondicionado autos operativos del centro de tortura y exterminio más grande del interior del país, y confesó que “si esto no concluye pronto, en algunos momentos pienso en matarme”.

Imputados, segunda tanda

Tras un cuarto intermedio, el tribunal continuó tomando las declaraciones indagatorias. El ex policía Fernando Rocha negó los hechos y se negó a declarar, el mismo temperamento adoptado por el militar retirado Arturo Grandinetti –nunca antes fue acusado y llega al juicio en libertad-, Yamil Jabour, Luis Lucero y Juan Molina.

A su turno, el ex militar del Grupo de Artillería 141 de José de la Quintana Carlos Meira también se abstuvo de declarar, y pidió comparecer solo a las audiencias relacionadas con el hecho que se le imputa, “dado que tengo justo los miércoles un juicio que estoy participando en el TOF de Mar del Plata y por eso lo designé al doctor Cativa Tolosa como codefensor”. Meira, que también llega al juicio en libertad, es un imputado que defiende a otro imputado en el juicio sobre el centro clandestino de detención conocido como “La Cueva”, que funcionó debajo del viejo radar de la Base Aérea de Mar del Plata.

El proceso investiga los delitos de asociación ilícita, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y homicidios cometidos sobre 61 víctimas, entre las que se encuentran los abogados desaparecidos en la denominada ´Noche de las Corbatas´, colegas de Meira, que abrazó el Derecho.

A su turno, los ex policías Calixto Flores y Carlos “Tucán” Yanicelli se abstuvieron también de declarar, lo mismo que Miguel Ángel “Gato” Gómez, quien consultado sobre su oficio respondió “desde hace trece años, fajinero”, y se permitió una queja ante el tribunal. “El último grupo familiar que tuve lo desintegró La Cámpora”, dijo. 

Los primeros testigos, el 23

La declaración de los primeros dos testigos del proceso oral y público -Sebastián Soulier y Norma Julia Soulier- estaba prevista para este miércoles 16, pero lo extenso de las indagatorias llevó al tribunal a posponerlas para el 23 de septiembre. El caso refiere a un operativo de secuestro y desaparición ocurrido el 15 de agosto de 1976 en Villa Páez, con tres detenidos, y dos detenciones al día siguiente. Los secuestrados en el primer operativo ilegal fueron Juan Carlos Soulier Guillén, Adriana María Ríos y Sebastián Soulier (de apenas 5 meses de edad), mientras que el 16 sufrieron lo propio Luis Freddi Soulier y Luis Roberto Soulier.  

Según la investigación, las víctimas fueron trasladadas al Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, el D2. Sebastián fue entregado a su tía Norma Soulier el mismo 16 de agosto, “sucio y en estado de shock”, Luis Freddi permaneció detenido unas 30 horas y también sobrevivió. Distinto fue el destino que las fuerzas represivas les tenían reservado a Juan Carlos, Adriana y Luis Roberto, quienes fueron vistos por sobrevivientes en La Perla, antes de ser asesinados. 
  

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