La crisis económica que vive el país a seis meses de impuesto el aislamiento social, preventivo y obligatorio para prevenir el avance del Covid-19 no escapa a ningún sector. Eso es algo que lo tienen en claro los miembros del Gabinete de Alberto Fernández, a punto tal que la vicejefa de Ministros, Cecilia Todesca, ya anticipó una caída no menor al 10% en el PBI para todo el 2020. Ese brusco retroceso en una economía que venía golpeada tras cuatro años de macrismo generó la necesidad de establecer distintos mecanismos para paliar la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad, azotados por la inflación, la informalidad y la pérdida salarial.

Una de esas medidas, fue publicar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 320/2020 el pasado 29 de marzo con el fin de congelar los precios de los alquileres, suspender los desalojos y prorrogar los contratos a vencer. Con una mirada que quizás pecó de optimista el DNU tiene fecha de vencimiento este 30 de septiembre, con la Argentina escalando en la cantidad de contagiados por coronavirus y una economía que apenas empieza a retomar su rumbo, en parte gracias a otras medidas proteccionistas tomadas por Nación.

Asimismo, a pocos días de su vencimiento, desde hace tiempo distintos grupos de inquilinos impulsan no solo su prórroga hasta el 2021, sino también su ampliación para que al término del DNU no exista un universo de personas con deudas acumuladas tras meses de pagar un alquiler virtualmente congelado. Este y otros factores son los que exponen los mismos agrupados que discutieron y promovieron la Ley de Alquileres. La misma que intenta frenar décadas de aprovechamientos, grises e ilegalidades por parte de un lobby inmobiliario acostumbrado a ganar siempre y a como dé lugar.

Expectativa e incertidumbre

Entrevistado por el programa de TN “A Dos Voces” dos semanas atrás, Fernández expresó, al menos de palabra, su voluntad de extender la vigencia del DNU pero no dio detalles sobre posibles modificaciones al mismo. Maximiliano Vittar, presidente de Inquilinos Córdoba, explicó a La Nueva Mañana que entre esas modificaciones se encuentra no solo la necesidad de extenderlo hasta marzo del año que viene, sino también rever los aumentos pactados por contrato para evitar la catarata de deudas nombrada más arriba.

“Al no haber un acuerdo nuevo, se mantendrá el mismo precio del último mes vigente para los contratos que se venzan después de septiembre. Ahora, si yo tengo un contrato hasta julio del año que viene, las diferencias se van a pagar al final del DNU. Estamos discutiendo y hablando con la ministra (de Desarrollo Territorial María Eugenia Bielsa) de que esa es una solución que se parcializa, pateando la discusión”, sostuvo Vittar.

Esta resolución nacional difiere de otras asistencias como el ATP o el IFE, donde se brindó apoyo económico a empresas y organizaciones en materia de subsidios y no solo de congelamientos. “No puede ser que para nosotros sea la solución una deuda. Más del 50% de los inquilinos manifiesta que desde el inicio de la pandemia percibe menos ingresos y de ellos casi el 25% perdió su trabajo. A la vez, por las presiones al mercado inmobiliario tenemos aumentos de un 30% o un 40% entre un alquiler y otro. La situación hace que sea necesario un apoyo estatal distinto al DNU”, plantea.

Contexto

Un relevamiento realizado por la Federación de Inquilinos Nacional reveló que el 37,8% de los inquilinos de todo el país no podrán pagar el alquiler correspondiente a septiembre en parte o en su totalidad. De acuerdo con la encuesta que se realizó a 2.848 personas, el 49,5% de los ingresos totales del hogar se destina al pago del alquiler, lo que representa 4,5 puntos más que el mes pasado. Dentro del universo que tiene dificultades para pagar en septiembre, el 52,5% acumula deuda de dos o más meses de alquiler, lo cual los pone en situación de desalojo cuando el 30/9 venza el DNU. Por otra parte, a pesar de la obligatoriedad de los propietarios a aceptar pago por CBU, casi la mitad, el 48,8%, sigue haciéndolo en efectivo. Los ingresos de los inquilinos son menores a los del mes anterior en el 42,4% de casos, y de los que pagan expensas el 41,5% no puede pagar o lo hace parcialmente. “Del 41.5% que no puede hacer frente a las expensas, el 36,8% debe un mes, el 23,2% debe dos meses, el 15,7% debe tres y el 24,3% debe cuatro meses o más. Una situación muy parecida a la que se vivió en el 2002”, agrega el informe.

Complementariamente, según un informe presentado por Mercado Libre al que accedió este medio, el precio promedio de un alquiler en la ciudad de Córdoba es de $10.642 para departamentos de un ambiente y $11.617 para dos ambientes. Para casas, el costo ronda los $29.880.

Proyectos

Desde agosto, distintos legisladores nacionales vienen presentando proyectos para que el Congreso sea quien impulse la extensión del DNU 320/2020. El último que adquirió relevancia fue el de los diputados Eduardo Fernández y Fernanda Vallejos (Frente de Todos), que al cierre de esta edición era analizado por la Cámara baja, pero no votado aún en sesión. En el mismo se establece solamente la prórroga hasta el 31 de marzo de 2021, aunque desde el Gobierno nacional la fecha límite que se analiza es el 31 de diciembre de 2020.

“Cabe ser destacado que la emergencia producida por la pandemia, con sus consecuencias económicas, torna de muy difícil cumplimiento, para una importante cantidad de locatarios y locatarias, trabajadores, trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales, pequeños y medianos empresarios para hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos, redactados para una situación muy distinta a la actual, en la que la epidemia producida por el coronavirus ven afectados fuertemente sus ingresos por la reducción de la actividad económica para afrontar todas sus obligaciones en forma íntegra y para disponer lo necesario para costear su alimentación, su salud y su vivienda. Consideramos que es vital en esta emergencia inédita, garantizar el derecho a la vivienda que está consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional”, fundamenta el escrito de los diputados oficialistas.

“A estas familias queremos brindarles la tranquilidad de que van a poder seguir teniendo un techo mientras la economía se recupera de esta terrible pandemia mundial”, argumentó Fernández por su parte, al tiempo que subrayó que la prórroga incluye los alquileres de espacios culturales, de profesionales para el ejercicio de su actividad y pymes.

A todo esto se suma la adhesión de la Legislatura de Córdoba al pedido de las agrupaciones en defensa de los inquilinos. “Acompañamos esta iniciativa porque como sabemos, muchos trabajadores, comerciantes, industriales y PyMES, ven afectados fuertemente sus ingresos por la baja actividad económica a causa de la pandemia”, señaló en sesión el legislador Matías Chamorro (Hacemos Por Córdoba), uno de los principales impulsores de medidas en defensa de los inquilinos dentro de la Unicameral. 

Aún no se sabe cuál será la estrategia del Ejecutivo nacional respecto al DNU. Si decide abrir el juego en el Congreso, la norma de Vallejos y Fernández junto a la de otros compañeros de bloque deberá ser aprobada también por el Senado, donde existió la mayor resistencia a la Ley de Alquileres, votada sin la presencia de Juntos Por el Cambio.

“Esta pandemia aún no cesó, así como no cesaron los incrementos de precios abusivos cuando se discuten las renovaciones ni la presión de algunas inmobiliarias o propietarios para desalojar, exigir el pago de deudas o firmar contratos nuevos”, finalizaron desde Inquilinos Córdoba.

Propietarios Agrupados

Aunque pasó desapercibido en los medios, el pasado 4 de septiembre Inquilinos Córdoba realizó una denuncia ante el Inadi contra el grupo “Propietarios Agrupados”, quienes vía Twitter animan a crear listas negras de inquilinos que se atuvieran al DNU 320/2020, a retirar “masivamente” los inmuebles del mercado y a no asistir a las citaciones de entes como la Defensoría del Inquilino de CABA. Y si bien se trata de un espacio minoritario (apenas 400 personas en un grupo de Facebook y unos 230 seguidores), este medio pudo averiguar que se trata de allegados a los sectores más radicalizados del PRO, opositores a Horacio Rodríguez Larreta y Daniel Lipovetzky por ejemplo, y de grupos cercanos al Partido Libertario. Inclusive, desde esas cuentas se impulsó la asistencia a distintas marchas anticuarentena en Buenos Aires y Córdoba.

“Siempre es información con bastante informalidad, pero por ahora esas listas negras están conformadas por quienes no pueden afrontar el alquiler y también por aquellos que se quejan”, comentó Vittar al respecto. Asimismo, aclaró que en general la defensa de los propietarios la hacen las inmobiliarias, no los dueños particulares: “Generalmente, la mayoría de las inmobiliarias consideran al cliente, propietario, antes que al inquilino”.

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