El ex jefe de la Regional San Martín de la Policía Federal (PFA) Roberto Álvarez fue detenido por orden de la jueza federal Alicia Vence, días después de que una víctima lo identificara como la persona que la secuestró, en el marco de una audiencia del juicio de lesa humanidad en la causa que se investiga la represión ilegal contra los militantes que participaron de la denominada "Contraofensiva Montonera", ocurrida en 1979 y 1980.

Según consignaron a la Agencia de Noticias Télam fuentes de la querella, Álvarez quedó detenido el lunes pasado y se encuentra bajo arresto domiciliario en su casa del barrio porteño de Villa del Parque, desde donde ayer compareció ante la magistrada por medios electrónicos y se negó a responder preguntas de Vence, a cargo del Juzgado Federal Número 2 de San Martín.

El pasado 6 de agosto, Aixa Bona, sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo durante la última dictadura militar, identificó a Álvarez como uno sus presuntos secuestradores durante la transmisión del juicio.

Bona seguía por el sitio La Retaguardia una de las audiencias de este proceso oral y público que se desarrolla de forma virtual en el Tribunal Oral Federal Número 4 de San Martín en función de las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

El ex comisario de la PFA declaraba entonces como testigo en la jornada 44 de este debate y, al ser interrogado por la fiscal Gabriela Sosti, el ex uniformado contestó sobre si había trasladado prisioneros que habían estado cautivos en Campo de Mayo. “No. Enviados por Campo de Mayo, no. En una oportunidad se encontró una persona que decía que había estado en Campo de Mayo. Una persona femenina. Yo estaba circulando con el auto no identificable y ella estaba caminando por la ruta, con signos de extravío”, contó el testigo ante los magistrados.

Luego, completó su testimonio: “La llevé a la delegación. Ella me dijo que debía haber estado en alguna dependencia de Campo de Mayo”. En medio de la declaración del ex oficial de la Federal, Bona le avisó a su abogado que Álvarez era la persona que la llevó clandestinamente desde Campo de Mayo hasta la comisaría de San Martín.

“Mi representada, querellante en esta causa, ha seguido esta audiencia y manifiesta que reconoce en la figura del señor Álvarez como la persona que la fue a buscar a Campo de Mayo. Lo pongo en consideración del tribunal”, señaló ante el tribunal Rafael Flores, representante legal de la víctima, quien ya había declarado como testigo en una de las audiencias de este juicio.

Ante esta situación, uno de los abogados defensores de los imputados planteó la suspensión del testimonio por estimar que el testigo podía “autoincriminarse”, algo que no está permitido bajo su condición. Tras esta declaración, las querellas y la fiscalía pidieron la detención de Álvarez a Vence, quien tiene a su cargo la instrucción de la megacausa por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Campo de Mayo

La Contraofensiva Montonera fue un intento de generar un clima de insurrección en la Argentina gobernada por la dictadura a partir de acciones armadas y hechos de propaganda que se llevaron a cabo entre 1979 y 1980.

Esas acciones fueron ordenadas por la cúpula de la organización Montoneros, que se encontraba en el exilio, y que culminaron en un fracaso. Los militantes que participaron de estos hechos resultaron detenidos, apresados, desaparecidos y asesinados como parte de un plan de exterminio. En ese contexto, Bona ingresó al país desde el exterior junto con su pareja, Gervasio Martín Gaudix, quien permanece desaparecido, y ambos estuvieron secuestrados en Campo de Mayo.

Fuentes de la querella le confiaron a Télam que durante su trasladado desde Campo de Mayo a la comisaría que la Federal tenía en San Martín, Álvarez le sacó la capucha y se exhibió ante la víctima. Además, la víctima reconoció la voz de su captor cuando declaró ante el tribunal, ante el cual llegó a decir que supo “pertenecer a la comunidad de inteligencia”.

Tras pasar de Campo de Mayo a la Comisaría de la PFA en San Martín, Bona quedó legalizada y condenada por un consejo de guerra, y estuvo en prisión hasta el final de la dictadura militar.

Fuente: Agencia Télam