La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, expuso este martes en el Senado de la Nación sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial en el contexto del debate sobre la reforma judicial que se realizó en el plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta.

Al inicio de su intervención, Gómez Alcorta aseguró que “hay un diagnóstico común, en términos colectivos, comunitarios sobre déficits variados sobre el funcionamiento de la administración de justicia en general y en particular de la Justicia Federal entendiendo que hoy está brindando respuestas de baja calidad y un desempeño con poca transparencia, con poca independencia, con lentitud en el momento de resolver los conflictos”. También señaló que existe una enorme falta de credibilidad y falta de confianza en la actuación de la administración de justicia. En ese contexto citó el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA, de mayo de 2019 según el cual nueve de cada diez ciudadanas y ciudadanos afirman que la mayoría de los jueces no son imparciales. “Hay una credibilidad muy escasa que llega al 7% de la población argentina”, detalló. 

La ministra aseguró que “se requiere repensar las estructuras, no solamente la organización judicial sino las prácticas judiciales. Se trata de una deuda de la democracia que con este descrédito se ha agravado, sobre todo en los últimos años, a partir de una serie de episodios que son comunes a todos respecto de ciertos vínculos promiscuos del Poder Judicial federal, centralmente de la Ciudad de Buenos Aires, con servicios de inteligencia, con poder político, que no son nuevos. Basta recordar la sin intervenciones de ese mismo fuero en el atentado a la AMIA y los resultados que  tenemos al día de hoy”.

Luego de detallar algunos puntos de la reforma vinculados con la selección de magistrados y magistradas, Gómez Alcorta aseguró que “la composición actual de los organismos de justicia dan cuenta que los procesos de selección de magistrados, magistradas y autoridades están fuertemente sesgados en función del género y no permiten el acceso a los cargos en igualdad de condiciones. Tampoco consideran la formación y perspectiva de género en sus candidatos y sus candidatas, lo cual se ve luego reflejado en sentencias que desconocen manifiestamente los derechos fundamentales de las mujeres y de las diversidades”, expresó. En ese contexto destacó la importancia de fijar mecanismos para suplir esas falencias mediante una norma con jerarquía legal. 

La funcionaria nacional remarcó que “para revertir estos patrones, es fundamental el diseño de políticas institucionales para la igualdad de género que apunten a la inclusión de las mujeres y a la población LGTBI+. Para esta población particular se deben promover condiciones para su ingreso y su permanencia, aunque no forma parte del proyecto pero es casi nula su participación”. 

Gómez Alcorta manifestó, por último, que el Estado nacional tiene la obligación de promover la igualdad entre varones y mujeres en el acceso a los cargos de la función pública. “Sabemos que no alcanza con la incorporación de las mujeres para la inclusión de la perspectiva de género, pero es uno de los mecanismos. Otro sin lugar a dudas es la Ley Micaela y, por otro lado, la valoración de la perspectiva de género respecto de los concursos es otra de las herramientas centrales que deben ser utilizadas”, sostuvo.