Este viernes 24 de julio a las 10 de la mañana Cintia Frencia, concejala electa por el Frente de Izquierda, acompañada de sus abogados,  Soledad Díaz (Legisladora del FIT) y Jorge Navarro (dirigente del Partido Obrero), se presentará en el Palacio 6 de Julio para solicitar una audiencia con el Intendente MartÍn Llaryora. 

Al respecto Frencia expresó: "Luego del daño irreparable causado a mi persona y a la fuerza política que represento por el trascendido mediático que sin fundamento ni prueba alguna me involucra con el delito de amenazas calificadas contra el viceintendente Daniel Passerini, entendemos prioritario que desde la intendencia se nos otorgue una audiencia a los fines de intentar clarificar los acontecimientos y sus gravísimas consecuencias personales y políticas".

"Nuestro reclamo de audiencia con el Intendente responde a la comprensión de que no nos encontramos ante un exabrupto de la justicia sino, por el contrario, de una política deliberada de discriminación y persecución política e ideológica emprendida por el gobierno municipal. En este mismo sentido es que también presentamos la correspondiente denuncia ante el INADI", indicó Frencia.

Además, la concejala indicó que este jueves se presentó ante el fiscal José Bringas, negando categóricamente los hechos delictivos en los que se la involucra y reclamando el acceso al expediente.

"La situación es gravísima. La información brindada por la fiscalía viola el secreto de sumario con el claro propósito de incriminar a una referente de nuestra fuerza política. Se trata de una maniobra digitada por el gobierno provincial y municipal para desprestigiar al Partido Obrero y al Frente de Izquierda, la única fuerza política que ha rechazado con firmeza las políticas de ajuste y represión contra los trabajadores cordobeses", advirtió Frencia.

Por último, señaló que no desestima la posibilidad de hacer un pedido de Jury de enjuiciamiento al fiscal Bringas y de accionar penalmente contra los responsables: "El fiscal Bringas está cometiendo varios delitos con este accionar desaforado, por un lado se dedica a calumniar y discriminar, y por otro incumple groseramente sus funciones públicas al difundir datos falsos cuando supuestamente existe secreto de sumario del expediente. En un cuadro represivo más general, donde la justicia actúa como un factor de persecución a las y los trabajadores, las presentaciones realizadas vienen a responder en el terreno judicial y político este ataque, en virtud de poder ejercer la defensa".

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