Un fluido intercambio de información y de puntos de vista sobre el impacto de la pandemia del Covid-19 en las cárceles y lugares de encierro cordobeses se produjo este miércoles, en una reunión entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial y organismos locales.

El encuentro sirvió para sistematizar información acerca de cuáles son las condiciones en las que afronta la pandemia de coronavirus el sistema de privación de libertad provincial, que incluye cárceles y otros lugares de encierro. En ese sentido, la reunión convocada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julián López y el secretario de Derechos Humanos Calixto Angulo tuvo el sentido de informarles a los organismos de Derechos Humanos qué protocolos se están aplicando para la salvaguarda del personal penitenciario y de los privados de libertad, cuya salud está tutelada por el Estado Provincial

El encuentro se produjo en la misma semana en que organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos presentaron un hábeas corpus correctivo, para que el Estado garantice las condiciones de higiene y salubridad en los lugares de encierro bajo su responsabilidad.

Según información oficial difundida por el Gobierno Provincial, en el encuentro los funcionarios convocantes compartieron “información y acciones que se vienen desarrollando en las cárceles y en el Complejo Esperanza en función de la prevención que se está realizando en esos espacios para hacerle frente al coronavirus”.
“Iniciamos un trabajo preventivo y en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia desde el inicio. Estamos trabajando coordinadamente con el Centro de Operaciones de Emergencia, ajustando los protocolos de acción minuto a minuto para enfrentar esta pandemia y cuidar a los internos y a los agentes del Servicio Penitenciario”, señaló al respecto López.

También se detallaron los protocolos de actuación para la preservación de la salud y atención médica, y las medidas para garantizar la comunicación de las personas alojadas con sus familiares, en el marco del aislamiento preventivo obligatorio. Por su parte, los organismos de Derechos Humanos hicieron llegar su preocupación por el tema y algunas propuestas concretas para el abordaje de la pandemia, que fueron recibidas por los funcionarios provinciales. 

Representando a ese conjunto de organizaciones estuvieron presentes los directores de los observatorios de Derechos Humanos del Senado de la Nación y de la Universidad Nacional de Córdoba, Martín Fresneda y Rossana Gauna, respectivamente; Luis Baronetto, ex Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba; Marysel Segovia, del Colectivo por los Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes; Juan Manuel Almada, vicepresidente de Asociación Pensamiento Penal; María Eleonora Cristina, Directora del Archivo Provincial de la Memoria; Patricia Chalup, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo y de la Comisión Provincial de la Memoria; y Soledad Pizarro, de la Campaña contra la Violencia Institucional.

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