El sueño de acceder a la educación superior se torna cada día más complejo desde el punto de vista de los costos. Para un estudiante que se traslada a la Capital cordobesa desde su ciudad de origen, se presentan dos posibles opciones en materia de vivienda: el alquiler de un departamento de un dormitorio ubicado en zonas de alta concentración de universitarios o de la periferia, y la alternativa de una habitación en una residencia estudiantil.

Esta realidad se repite a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, lo que hace insostenible en reiteradas ocasiones el acceso y la permanencia a ofertas de educación superior. A los costos de alquiler y mantenimiento de una vivienda se suman otros vinculados a los requisitos para concretar un contrato de locación que van desde una garantía propietaria hasta gastos de intermediación que duplican o triplican los valores mínimos de alquiler.

El objetivo es brindar respuesta a las constantes preocupaciones de estudiantes que ven frustradas sus posibilidades de enseñanza superior, por no contar con los requisitos exigidos por el mercado inmobiliario para acceder al alquiler de un inmueble en el lugar de estudio elegido. 

En ese marco, surgió la iniciativa de un grupo de diputadas y diputados de la Unión Cívica Radical que proponen crear un régimen de locación especial para estudiantes que garantice su permanencia en el sistema. 

El objetivo es brindar respuesta a las constantes preocupaciones de estudiantes que ven frustradas sus posibilidades de enseñanza superior, por no contar con los requisitos exigidos por el mercado inmobiliario para acceder al alquiler de un inmueble en el lugar de estudio elegido. 

Las principales limitaciones que enfrentan al momento de buscar una vivienda en alquiler son las desproporcionadas exigencias de garantías y las elevadas comisiones de corredores inmobiliarios, que intervienen exclusivamente en representación y por orden de la parte locadora.

Si bien el proyecto fue presentado a fines de 2019, paralelamente al debate de la nueva Ley de Alquileres, volvió a tomar fuerza este año en el marco de la emergencia económica.

La odisea de alquilar

La novedosa iniciativa propone regular las condiciones de acceso a la locación de inmuebles con destino a vivienda a las que se enfrentan actualmente los jóvenes, que por motivos de distancia, deben trasladarse de sus localidades de origen a otras ciudades a fin de iniciar una carrera de grado en instituciones parte del Sistema Educativo Nacional.

En ese sentido, la diputada por Buenos Aires, Josefina Mendoza, indicó que se pretende que el alquiler no sea un limitante a la hora de continuar o acceder a los estudios superiores. “Hemos detectado que muchas veces los requisitos que te solicitan para alquilar un inmueble a la hora de trasladarse a una ciudad universitaria son un impedimento para comenzar o continuar una carrera, a eso hay que sumarle los costos que implica acceder a la educación superior: alquiler, transporte, alimentación. Todo eso nos llevó a plantear un régimen especial de alquileres en el marco de lo que fue la discusión de la nueva ley de alquileres que fue sancionada a fines del 2019”, detalló en declaraciones a La Nueva Mañana.

La iniciativa consta de dos partes elementales. La primera, está vinculada a la propuesta de ampliar las posibilidades de garantía que hoy puede ofrecer el locatario. 

“Resulta injusto por ejemplo que en algunas provincias uno de los únicos requisitos sea una garantía propietaria radicada en el mismo lugar a alquilar. Es muy difícil que en tu familia alguien tenga una propiedad en el lugar donde te vas a estudiar y que te salga de garante. A partir de esto buscamos extender la garantía inmobiliaria a cualquier lugar del territorio nacional”, detalló Mendoza.

Las principales limitaciones que enfrentan al momento de buscar una vivienda en alquiler son las desproporcionadas exigencias de garantías y las elevadas comisiones de corredores inmobiliarios, que intervienen exclusivamente en representación y por orden de la parte locadora.

El segundo pilar de la iniciativa apunta a crear un seguro de caución a cargo del Banco Nación. A través del sistema de Fianza Estudiantil se priorizará el respaldo a estudiantes que no sean titulares de un plan social nacional, provincial o municipal; y, cuyos ingresos del grupo familiar no superen tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil. 

Para acceder, el estudiante de nivel superior debe acreditar las dificultades o condiciones referidas además de su inscripción y avance regular en una carrera de grado, en los términos y con los alcances que se establezcan. 
De acuerdo al artículo 6, la comisión total que se fije a favor del Banco de la Nación Argentina en virtud del contrato de Fianza Estudiantil, no puede superar la suma equivalente a cuatro veces el valor mensual del alquiler y puede ser cancelada a través de pagos parciales, iguales y consecutivos.

La también ex presidenta de la Federación Universitaria Argentina remarcó que “quienes hoy ofrecen seguros de caución como salida a la garantía inmobiliaria son empresas privadas y las mismas tienen elevados costos”.

De aprobarse, se aplicaría al grupo poblacional comprendido entre los 18 y los 30 años de edad. “La política está proyectada hacia un universo con menos posibilidades que se encuentre en una situación socioeconómica vulnerable y cuyo grupo familiar no posea ingresos que superan los tres salarios mínimos. Queremos otorgar posibilidades”, subrayó la legisladora nacional.

A través del sistema de Fianza Estudiantil se priorizará el respaldo a estudiantes que no sean titulares de un plan social nacional, provincial o municipal; y, cuyos ingresos del grupo familiar no superen tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil. 

A su vez, será necesario acreditar regularidad en los estudios, domicilio legal y certificado de ingresos.

Una discusión en busca de consenso

El proyecto, que también cuenta con la firma de Brenda Austin, Miguel Ángel Bazze, Ana Carrizo y José Luis Riccardo, deberá lograr el respaldo del sector inmobiliario y de locatarios a través de la apertura de canales de diálogo. El principal punto de debate será el que establece que los gastos de intermediación, las comisiones u honorarios por los servicios, deberán ser soportadas por el locador.

“Entendemos que hay una u otra resistencia. Pero creemos que estos cambios serán positivos porque ampliarán las posibilidades del locatario. Principalmente en aquellas localidades que se están convirtiendo en polos educativos”, agregó la diputada.

En materia política, Mendoza adelantó a este medio que es probable que en las próximas semanas se concrete un encuentro con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, con el fin de aunar criterios y anclar la propuesta al contexto político y social.

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