El intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, elevó este jueves ante el Concejo Deliberante el proyecto que busca declarar la emergencia económica, financiera, administrativa y social de la Municipalidad de Córdoba.

En ese contexto, se espera que el Legislativo local trate la iniciativa durante la sesión extraordinaria convocada para este viernes.

Según consta en la propuesta, a la que tuvo acceso La Nueva Mañana, de aprobarse la emergencia tendría vigencia por el término de un año. Asimismo, será prorrogable en forma automática, por única vez, salvo que el Departamento Ejecutivo disponga su cese anticipado.

El proyecto de ordenanza se extenderá en sus alcances al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y al Ejecutivo Municipal y órganos dependientes.

A su vez, dispone el reordenamiento, reestructuración, diferimiento y renegociación de los compromisos y obligaciones dinerarias contraídas al 10 de diciembre que que tenga el municipio con personas jurídicas y personas humanas relativas a la provisión de obras, bienes y servicios.

Como una de las directrices de la emergencia, se convocará a todos los ámbitos del Gobierno municipal para la elaboración de proyectos de innovación y establecimiento de acciones participativas y colaborativas, junto a organizaciones y entidades de la sociedad civil, que posibiliten reducir costos y gastos públicos.

En ese sentido, se dispondrán medidas de racionalización del gasto público para lograr un redireccionamiento de los recursos municipales hacia los gastos prioritarios; a eso se suma la posible desafectación de bienes muebles, muebles registrables, vehículos e inmuebles que no estén destinados a funciones esenciales y que puedan ser enajenados para obtener recursos.

Por otra parte, se proyectan cambios en la ordenanza tarifaria, en el código tributario, en el presupuesto y en la ordenanza de compras de la Municipalidad. El incremento del Impuesto Inmobiliario llegaría al 53%, y para las categorías de viviendas de sectores vulnerables continuará en el 41%.

Se obtendrá un 20 por ciento de descuento por pago en una cuota, y 10 por ciento si es contribuyente cumplidor. 

Desde el plano social, la iniciativa prevé planes de regularización de deudas y exenciones tendientes a graduar la carga fiscal de sectores de contribuyentes en situación de vulnerabilidad social y económica, alcanzando las mismas también a pequeños contribuyentes de la tasa de comercio e industria.

También se espera fomentar diversos programas para el fortalecimiento institucional, a paliar emergencias sociales u ocupacionales mediante becas, pasantías, trabajos comunitarios y capacitaciones.

Desde lo administrativo, se establece el Régimen de Retiro Voluntario circunscripto a los empleados que les falte menos de 10 años para acceder a un beneficio jubilatorio. Esta solicitud podrá denegarse cuando el retiro afecte el regular funcionamiento del área en el que se desempeña. Además, la propuesta faculta al Ejecutivo para reestructurar el Gabinete, con el fin de racionalizar las estructuras, suprimiendo o congelando cargos.