País 31/07/2017

Tras cautelar de la CIDH, Morales acepta que Milagro Sala deje la cárcel

Este domingo el gobernador jujeño asumió, a través de las redes sociales, que podría haber cambios en la prisión preventiva y que las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son "obligatorias".

Más de un año después de su detención, Milagro Sala podría salir de la cárcel. - Foto: archivo

Más de un año después de su detención, la dirigente social Milagro Sala podría dejar la Cárcel de Alto Comedero en la que está alojada de manera preventiva, en un breve período. La primordial señal la dio vía redes sociales el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anticipando que cumplirá con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Morales, que había defendido la decisión del Poder Judicial de la provincia, refirió Vía redes sociales que no comparte las líneas generales de la medida cautelar emitida por el organismo internacional en los últimos días, pero remarcó que las considera “obligatorias” de cumplir.

Por lo tanto, el pedido de la CIDH luego de entrevistarse con la líder de la agrupación Tupac Amaru en prisión, para que existan "medidas alternativas a la detención preventiva" podrían tener eco este lunes.

La primera opción para cumplimentar el documento en cuestión de parte del gobierno jujeño sería la prisión domiciliaria, a la que el propio Morales consideró “un privilegio” para el caso de “corruptos”. La Comisión también dio como alternativa que Sala "pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica".

En principio, el gobierno de Jujuy cuenta con quince días de plazo para dar cumplimiento a la cautelar de la CIDH.

El gran repudio recibido a nivel ecuménico por la situación de la dirigente, que había sido electa como como diputada por el Parlasur en 2015, significó una presión que se supo soportar hasta ahora.

Mientras, afrontó y fue condenada en los juicios por un escrache al por entonces Senador, Gerardo Morales y un acampe. Cumple con la pena de “tres años de proscripción en vida social, cultural y política”, de diciembre pasado.

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