En una sesión corta, la Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la modificación del inciso b) del artículo 18 de la Ley de Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial (Ley 10.155) que refiere a personas no habilitadas a contratar con el Estado.

El cambio en ese inciso del articulado deja sin efecto la limitación existente para las cooperativas que contaran con agentes del Estado entre sus órganos de administración y control. Al hacerlo, los representantes del oficialismo advirtieron que la necesidad surge de observar que, en el interior provincial, muchos de los servicios públicos son prestados por organizaciones de este tipo que, de esa manera, garantizan derechos básicos en lugares a los que no llegan ni los privados ni el Estado.

El defensor de la iniciativa fue Oscar González, que dejó la Presidencia por un momento para bajar a su banca y aclarar algunos aspectos del proyecto en discusión. “Los que conocemos el interior del interior es muy difícil que no haya un docente, un policía retirado o el medico de un hospital interviniendo en el funcionamiento de la cooperativa del pueblo”, señaló González, que también aprovechó la oportunidad para dejar en claro que el alcance de la excepción es sólo para cooperativas que presten servicios públicos en cuyos órganos de administración y control se encuentren presentes agentes del Estado, “pero no funcionarios”.

El legislador advirtió que, en muchas localidades del interior, “las cooperativas funcionan como un complemento del Estado provincial” y señaló que, desde el oficialismo, advirtieron esta situación cuando pusieron en marcha el plan de conectividad. “Al recorrer hasta el último rincón de la provincia, nos dimos cuenta de que, en la mayor parte de los sitios, solamente las cooperativas podían dar internet. Pero no podían facturar”, afirmó González.

El único que se abstuvo de acompañar la iniciativa fue el legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio, quien advirtió sobre “un alto nivel de politización en las cooperativas y una relación entre el poder político y estas empresas que se encargarán de la prestación de los servicios públicos”. “Yo no quiero de ninguna forma que un partido político que tenga injerencia en estos temas porque no quiero que estén de los dos lados del mostrador”, dijo García Elorrio, que pidió abstnerse porque señaló que no quería “votar en contra de las cooperativas”.

Expropiación de inmuebles para viviendas sociales

El miércoles, también se aprobó la expropiación del inmueble que se encuentra ubicado en la zona noroeste de la Ciudad de Córdoba, camino a la Calera, conocida como El Tropezón, Departamento Capital, para la generación de lotes con servicios a fin de la ejecución de viviendas de carácter social.

El proyecto tiene como fin primordial, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias de escasos recursos que se encuentran asentadas en el terreno de que se trata, teniendo especial consideración a su situación de vulnerabilidad social, motivada en la insatisfacción de necesidades básicas insatisfecha y los bajos ingresos familiares, lo que redunda en deficiencias severas en la infraestructura de servicios y carencias relevantes en cuanto al financiamiento disponible y la capacitación organizativa, imprescindible para obtener soluciones idóneas a efectos de la superación integral de las distintas situaciones de emergencia habitacional.

Reconocimiento a Radio La Ranchada

Al inicio de la sesión, se realizó un reconocimiento a la Radio La Ranchada, en el marco de la celebración de su trigésimo aniversario.

Desde el año 1987, la Mutual Carlos Mugica desarrolla estrategias de intervención en forma directa en torno a la formación y el fortalecimiento de organizaciones de base de villas y barrios carenciados de la ciudad de Córdoba, favoreciendo el desarrollo comunitario. En 1989, crea “Radio Comunitaria La Ranchada” que desde sus inicios dio la pelea para que las organizaciones, cooperativas y mutuales puedan ser titulares de emisoras FM.