En una conferencia de prensa en el edificio anexo de la Cámara de Diputados, de la que participaron legisladores y representantes de los organismos de derechos humanos como Nora Cortiñas, la familia de Lucía Pérez– la joven de 16 años asesinada en Mar del Plata en 2016– aseguro que buscarán la destitución de los jueces del Tribunal en lo Criminal N° 1 que participaron del juicio que absolvió a los presuntos responsables del crimen. 

"No queremos que le pase a otras personas, que sufran como hemos sufrido con estos jueces, no lo permitimos más, como personas, como familias, como mujeres. No nos callamos más", dijo Marta Montero, la mamá de Lucía, al presentar el pedido de destitución por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La presentación fue impulsada por la diputada Victoria Donda, y contó con el respaldo de legisladores y organismos de DD.HH.

En diálogo con Página 12, los padres de Lucía Pérez aseguraron que la sentencia por el caso de su hija no es la única cuestionada a los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevaledel, sino que existen al menos cuatro que involucran abusos sexuales a menores y muertes a manos de conductores en estado de ebriedad. "Lo único que les faltó decir en el fallo de Lucía era que ella había sido la culpable", dijeron a ese medio. 

"La justicia tiene que apartar a estos jueces que acusaron a Lucía de su propia muerte. Hay que terminar con la justicia patriarcal", dijo por su parte Donda. "El pedido se basa en que los jueces debieron fallar tomando las pruebas incorporadas al expediente y no, como finalmente hicieron, haciendo hincapié en la vida social, afectiva y sexual de una adolescente de 16 años para justificar su propio femicidio, en un hecho que repugna al Estado de Derecho y al derecho de todas las mujeres de nuestro país", agregó la diputada nacional de Somos.

La audiencia contó con el respaldo de Romina del Plá (FIT), Silvia Lospennato (PRO), Gabriela Cerruti (FpV), Facundo Moyano (Red por Argentina), Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y la legisladora porteña Andrea Conde.

El caso queda ahora en manos del fiscal de Casación Carlos Altuve, quien mantendrá una reunión el próximo 3 de junio, informaron los padres de Lucía.