Exjueces de Córdoba a juicio por complicidad con la dictadura
La denominada causa de los magistrados podría comenzar después de la feria judicial de julio. Es el primer juicio que sentará en el banquillo a exfuncionarios de la Justicia federal cordobesa.
Luego de muchas dilaciones e impedimentos para comenzar, la causa de los magistrados avanza hacia lo que será un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba. Se trata del primer juicio a exfuncionarios de la Justicia federal cordobesa, acusados de haber actuado en complicidad con la dictadura militar.
En la jornada de hoy el tribunal presidido por el juez Julián Falcucci solicitó a la Cámara de Casación Penal la reincorporación del juez Juan Carlos Reynaga. El juicio a los magistrados tenía fecha de inicio para el pasado 27 de abril, pero volvió a suspenderse por la imposibilidad de Reynaga de formar parte del tribunal. El juez de Catamarca actúa como vocal subrogante en la causa "Operativo Independencia" en Tucumán.
"Hicimos todo lo posible para empezar antes. Para mitad de agosto vamos a estar en condiciones de empezar este juicio", dijo Falcucci a Radio Universidad.
El pedido del tribunal y de la fiscalía a cargo de Carlos Gonella es que el juicio pueda comenzar después de la feria judicial del invierno.
La causa sentará en el banquillo de acusados a cuatro exintegrantes de la Justicia federal de Córdoba: el exjuez Miguel Ángel Puga, el exfiscal Antonio Sebastián Cornejo, el exsecretario penal del Juzgado Federal Nº1 Carlos Otero Álvarez, y el exdefensor oficial Ricardo Haro. Serán juzgados por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir a delincientes y encubrimiento.
A los exjueces se los acusa de encubrir secuestros, torturas y asesinatos de presos políticos que se encontraban a su cargo durante la dictadura. Desde su inicio la causa fue interrumpida en distintas ocasiones debido a apartamientos y recusaciones.
Entre el 30 de abril y el 11 de octubre de 1976 treinta presos políticos a disposición de la Justicia Federal y el Poder Ejecutivo Nacional fueron asesinados por el Ejército y la Policía. Por estos crímenes en 2010 Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados en Córdoba. Ningún funcionario de la justicia respondió aún por aquellos hechos.
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