Multan con $12.500 al prefecto que liberó la zona donde murió Kevin Molina
El Juzgado Criminal y Correccional N°61 condenó a pagar una multa de $12.500 e inhabilitó a ejercer como funcionario público por un año al prefecto Daniel Andrés Stofd. Se trata del responsable del operativo que que ordenó liberar la zona en medio de un tiroteo entre bandas narcos que provocó la la muerte de Kevin Molina en septiembre de 2013, en el barrio bonaerense de Zavaleta.
En el hecho, que tuvo características de “zona liberada” por las fuerzas de seguridad, murió el niño de 9 años, quien estaba en su casa, escondido debajo de una mesa para tratar de salvar su vida en medio de una balacera con la que su familia no tenía nada que ver. El tiroteo aterrorizó a los vecinos de Barracas que hicieron nueve llamados de auxilio al 911, sin respuestas, en medio de la inacción de los efectivos de Seguridad.
El abogado querellante, Ortiz Almonacid, recordó que desde que ocurrió el crimen de Kevin, “hubo un agravamiento de la situación”. “Como no se sancionó rápidamente a Stofd, hubo consecuencias directas para la familia del chico y porque además, la impunidad derivó en una sumatoria de casos en los que hubo condenas”, afirmó.
Tras la polémica decisión judicial, desde la Garganta Poderosa emitieron un comunicado cuestionando la resolución y recordaron: "Si un fallo judicial de 2018 asegura que ´no se ha incorporado ningún elemento que permita explicar las razones por las que el personal de la Prefectura Naval Argentina no escuchó los disparos, ni vieron las perforaciones en paredes y aberturas ni los casquillos que se sumaban en el pasillo, ni a contestar que la situación era normal ante cada requerimiento del Comando y que los llevó a prescindir de consultar a los vecinos cuando se multiplicaban los pedidos de auxilio mucho antes de que el niño recibiera el balazo mortal´. Y si después de cinco años y medio sigue sin investigarse a la Gendarmería, acá no termina nada".
Por su parte, Nacho Levy, referente de la Poderosa señaló, en declaraciones a la Agencia Paco Urondo, que “el abogado de Stofd inculpó a su superior jerárquico al decir que era responsable de que la Prefectura no haya hecho nada ahí”. “Así justificó la negativa de Stolfd a las más de 107 detonaciones de guerra diciendo que su misión era patrullar y que se quedó tranquilo porque ahí había gente de Gendarmería. O sea culpa a su superior y a Gendarmería y posteriormente sostuvo ‘no estamos culpando a nadie”, señaló.