Papel Prensa: piden al Senado que rechace el proyecto de ley

A través de un escrito el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y el diario autogestionado Tiempo (Cooperativa de Trabajo Por Más
Tiempo) pidieron al Senado de la Nación que rechace el proyecto de ley de Papel Prensa.

El 6 de diciembre pasado la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que modifica la ley N° 26.736 y desregula la producción, venta y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.

"Lo votado no considera a los actores pequeños y los efectos que la concentración vertical tiene sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación. Por ese motivo, enviamos una nota a los y las senadoras que deberán valorar el proyecto en el recinto", explicaron.

Ademas, destacaron que "en nuestro país esa actividad se encuentra en manos de una empresa monopólica (Papel Prensa S.A.), que es propiedad de los dos principales productores de periódicos del país y con una participación accionaria del Estado Nacional".

El proyecto de ley propone eliminar la exigencia de un precio único para toda operación que involucre la adquisición de más de una tonelada del producto y la prohibición de vender por bajo de ese precio (art. 20.c).

"Esta norma pretende evitar que se beneficie, por un lado, a los grandes compradores que pueden competir por el volumen de papel que demandan y, por otro, a los compradores que son los dueños de la empresa productora. Esta era una práctica común antes de la sanción de la ley 26.736", indicaron.

Además, señalaron que "esta concentración vertical exige que el Estado adopte medidas concretas para que no tenga impactos desproporcionados sobre el resto de los actores que intervienen en el mercado y que, en definitiva, hacen a la faz colectiva de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación. Las políticas públicas positivas hacen a la obligación de progresividad de los derechos humanos".

Por otro lado, el proyecto propone eliminar la obligación de la empresa de operar al pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel y de presentar planes periódicos de inversión tendientes a satisfacer la totalidad de la demanda interna. Sin esta obligación, Papel Prensa puede negarse a vender a algunos diarios alegando que “no hay cupo” o que no tiene stock para venderles, como ocurrió anteriormente.

"La eliminación de estas garantías exige una justificación respecto de su necesidad y proporcionalidad, con especial atención a los bienes jurídicos en juego, cuestión que no se verifica en el proyecto en cuestión. El papel para diarios no es cualquier producto y el Estado tiene la obligación de asegurar su acceso en condiciones de igualdad y sin discriminación, con especial consideración de los actores pequeños y los efectos que la concentración vertical tiene sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación, en un contexto de diversidad y pluralidad", concluye la nota presentada por el Cels, SiPreBa y Tiempo.

La concentración impacta en los derechos humanos

Cabe destacar que la Declaración de la UNESCO de Windhoek de 1991, base de la resolución de 1993 mediante la cual la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el Día Mundial de la Libertad de Prensa, advertía la importancia de que “los materiales y la infraestructura necesarios para la producción y difusión de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas” no estuvieran bajo el control exclusivo de los gobiernos, como elemento esencial para la existencia de una “prensa independiente”.

Sin perjuicio de que en esa Declaración se refería al control gubernamental de los medios de producción, los organismos de protección de derechos humanos se han pronunciado de forma unánime sobre el peligro que la concentración de los medios de comunicación, horizontal y vertical, de actores públicos o privados, implica para la democracia.

Así, en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad".

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