Este miércoles se conoció que el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, hizo lugar al pedido de referentes de organismos de derechos humanos (Correpi, Ceprodh y Myriam Bregman), y dictó la inconstitucionalidad de la resolución 956/2018, dispuesta por la cartera que conduce Patricia Bullrich.

En ese marco, representantes de las delegaciones en Córdoba de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) dialogaron con La Nueva Mañana y se refirieron al precedente que sienta la disposición de la Justicia porteña.

"Nos parece que esta cautelar significa una presión y es un símbolo que en Córdoba puede influir para demostrar que se puede poner un freno a la avanzada represiva del Estado. Pero además de la Justicia, nosotros desde Correpi consideramos que para derogar la resolución de Bullrich es necesario estar en las calles", explicó Antonella Scoles, referente local de la Coordinadora.

La joven agregó que en ese marco están organizando una movilización. "Es por eso que estamos planteando hacer una movilización como se hizo en el 2x1, que se logró frenar esa iniciativa. Es clave la manifestación colectiva de repudio hacia esta política represiva", amplió.

Scoles destacó que la medida de Patricia Bullrich "da lugar a que el gatillo fácil sea totalmente avalado por el Gobierno e incluso parezca casi una orden cuando es algo que va en contra de la Constitución y de pactos internacionales, y que atenta contra el derecho a la vida ya que el policía tiene plena libertad de matar".

Por su parte Leticia Celli, de Ceprodh, aclaró que la resolución del Gobierno nacional hace referencia solamente a la Policía Federal. "En Córdoba esta policía tiene un servicio muy restringido de actuación. Es decir, que no se aplica a la policía que interviene ante manifestaciones. Tiene muy limitada su jurisdicción para poder intervenir. Para poder tener aplicación en el resto de las provincias debiera tener una adhesión, que por supuesto todavía no lo hay”, dijo Celli.

En tal sentido, la referente local de Cepdroh aseguró que la organización se encuentra evaluando la posibilidad de hacer una presentación ante la Justicia cordobesa para que tampoco sea aplicada esa resolución en la provincia. "Las policías provinciales no están abarcadas por esta resolución que por supuesto es absolutamente inconstitucional y contraria al respeto de las jerarquías de las leyes, y va en contra de lo establecido en el propio código penal, no sólo en los pactos internacionales de derechos humanos", explicó Celli.

Además la representante de Ceprodh agregó: “Lo vemos como un intento de avance represivo en el marco del ajuste que se está aplicando, y que quieren consumar con plomo, que no está teniendo el acatamiento social y político que pretendían. Hacen intentos tal como hicieron con el fallo del 2 x 1 y esto no está teniendo mucho apoyo. Seguiremos luchando en todas las instancias posibles. Hay ya presentaciones también en Diputados en el Congreso, para tirar abajo esta resolución porque está por fuera de cualquier marco institucional y de los DDHH”.

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