Representantes de organismos de Derechos Humanos criticaron la oficialización del protocolo que autoriza a las fuerzas de seguridad a emplear armas de fuego en casi todas las situaciones de intervención frente a un hecho delictivo.

María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi, afirmó a Tiempo Argentino que “es la conversión en ley del gatillo fácil”. Por su parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que “el gobierno está poniendo en práctica la teoría del "enemigo interno". 

Verdú recordó que, antes de la Cumbre del G20, el Ministerio de Seguridad había asegurado que el uso de armas letales estaría limitado a una situación de peligro contra los líderes presentes en Argentina para participar de las deliberaciones en Costa Salguero. “A partir de la publicación en el Boletín Oficial vemos que quieren ampliar esa resolución para uso general”, sentenció.

“En las normas del manual de capacitación de la Policía Federal, vigente de marzo 2002, establece que tiene que haber una causa suficiente, razonable y demostrable en juicio en enfrentamiento con personas armadas con el mínimo de riesgo posible para terceros. Y también se establece que, en caso de fuga, no se justifica el uso de armas excepto que en su huida el agresor continúe haciendo fuego. Prescribe que entre matarlo o dejarlo escapar, hay que dejarlo escapar. Todas las técnicas y tácticas policiales privilegian la vida de las personas. Disparar es el último recurso disponible sólo para protección propia y de terceros”, explicó.

Carlotto señaló a su turno: "No vamos a tener miedo como ellos quieren. No nos deprimimos, seguiremos luchando por recuperar el pais”.

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