El presidente Mauricio Macri inauguró este viernes la Reserva Natural de Defensa creada por decreto en Campo de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo solicitó la inmediata intervención de Naciones Unidas, tras repudiar la iniciativa del Gobierno.

El decreto 1056 fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y Macri encabezó horas después la puesta en marcha de la reserva emplazada en el lugar en el que funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención de la última dictadura.

Acompañado durante el acto por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y los secretarios de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y de Ambiente, Sergio Bergman, el Presidente afirmó: "Me propuse desde el primer día tratar de unir a los argentinos. En algunas cosas tenemos diferentes opiniones, lo que está bien, pero deberíamos dialogar más para lograr acuerdos positivos para todos".

El mandatario destacó además que el lugar "siempre será conservado, no como un hecho abstracto", sino como "un espacio, que es una fuente de oxígeno", que "sirve para el desarrollo local" y permite la generación de empleo.

La existencia de uno de los más grandes centros clandestinos de detención del país en ese predio de 8.000 hectáreas que comparten los municipios de San Miguel y Tigre durante la última dictadura militar no fue mencionada en el discurso presidencial, lo que motivó el repudio de los organismos de derechos humanos.

Abuelas de Plaza de Mayo repudió el decreto de Macri por considerar que "pone en riesgo la preservación de un espacio fundamental para la búsqueda de verdad, memoria y justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército argentino durante la última dictadura cívico militar".

El organismo que encabeza Estela de Carlotto remarcó que "en la guarnición militar de Campo de Mayo funcionaron, al menos, tres centros clandestinos de detención; allí permanecieron alrededor de cinco mil víctimas y se estima que más de 30 bebés nacieron en esas dependencias durante el cautiverio de sus madres".

Por eso, consideraron que "no puede descartarse que en los tres lugares" en los que se dividirá el predio a partir de la creación de la Reserva Natural (habrá un espacio de uso militar y un tercero que podría destinarse a la ampliación de una planta del CEAMSE) "se hallen restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar".

En este contexto, Abuelas y otros organismos de derechos humanos realizaron el último jueves una presentación ante el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y al Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición de Naciones Unidas "solicitándoles que intervengan frente a esta situación".

Según informaron en un comunicado, los organismos advirtieron en esa presentación que "existe un alto riesgo de que en el corto plazo se hagan modificaciones sustanciales en Campo de Mayo, poniendo en serio riesgo los derechos de víctimas de crímenes de lesa humanidad, en violación de las obligaciones internacionales en la materia asumidas por el Estado Argentino".

"En tal sentido, solicitamos tengan a bien adoptar medidas, con el alcance de sus respectivos mandatos, para prevenir que tales violaciones ocurran y garantizar los derechos de las víctimas", agregaron los organismos en la carta que presentaron a la entidad multilateral.

La Reserva Natural de Defensa, según indicó el Gobierno, tiene 1.880 hectáreas -equivalentes a unas 1.320 manzanas- y se convertirá en una de las áreas urbanas protegidas más extensas del país, sumada a los parques nacionales de Córdoba, Tucumán y Campana.

 Campo de Mayo tiene 8.000 hectáreas que abarcan los municipios de San Miguel y Tigre y es desde 1901 la principal guarnición militar del área metropolitana y una de las más grandes del país.