Redacción La NUEVA Mañana
El lunes asambleístas de Cosquín, Santa María y Bialet Massé, vecinos autoconvocados, presentaron una denuncia penal contra tres intendentes que autorizaron la obra de la Autovía de montaña.
La acusación está enmarcada dentro del artículo 248 del Código Penal, que señala el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y fue realizada en la fiscalía de Cosquín.
La denuncia es contra 3 de los 4 intendentes que firmaron el permiso para el uso del suelo. Ya que el mismo permitió elaborar el informe de impacto ambiental, las audiencias públicas de Santa María de Punilla y finalmente la aceptación de la licencia ambiental para comenzar la obra.
Puntualmente se señala a los jefes comunales Dardo Zanotti, de Santa María de Punilla, Gabriel Musso de Cosquín y Marcelo Oliva de Bialet Massé.
Momentáneamente quedó excluida de la denuncia penal la jefa comunal de San Roque, Rafaela Espinoza, ya que el 23 de septiembre se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el Concejo Comunal de San Roque donde se va a discutir si puede ser revocada. En caso de que se mantenga la factibilidad, se ampliará la denuncia penal y se incluirá a Espinoza.
Carlos González Quintana, el abogado de los denunciantes, dijo a La Nueva Mañana que “esas autorizaciones y factibilidades del uso del suelo se han otorgado violando dos leyes provinciales de plena vigencia”.
Una es la ley provincial 9148 de uso del suelo, "que establece qué tipo de emprendimientos se deben autorizar en determinadas zonas. Eso es lo que se llama ordenamiento territorial, que lo hace la provincia en distintos territorios”, explicó Quintana.
“La ley establece qué cosas se pueden hacer y qué no se puede hacer en determinados espacios territoriales, sobre todo en lo que tiene que ver con la conservación de fauna, de bosque y el patrimonio común ambiental de los cordobeses, por lo tanto, autorizar la factibilidad de una obra vial de la magnitud de la autovía de montaña, en un lugar que es un área protegida, es inclumplir con una ley establece”, indicó el letrado.
Asimismo, Quintaña indicó que la otra ley que se violó es la 8102: “Hace referencia a la carta orgánica municipal, que establece en base al sistema republicano de gobierno, la distribución de poderes en donde se deja claro qué cosas son facultad de los poderes legislativos y qué otras cuestiones son facultades exclusivas del ejecutivo, es decir de los intendentes”.
“La ley dice bien claro que para alterar, las modificaciones del uso del suelo, se tiene que hacer a través de una ordenanza municipal que emana del órgano legislativo, que es el concejo deliberante”, agregó.
El abogado, además, señaló que la denuncia penal tiene en cuenta que esas dos leyes fueron violadas por los intendentes a la hora de firmar las autorizaciones para el paso de la Autovía.
También aclaró que la obra no pasa por zona gris, como se estipula para estos casos, sino que está realizada sobre jurisdicciones municipales, es decir, pertenecen a ejidos municipales, a los ciudadanos.
En los próximos días los asambleístas y vecinos autoconvocados esperan que la demanda sea elevada a juicio y se hará un seguimiento del caso de la jefa comunal de San Roque.
