Redacción La Nueva Mañana
El gobernador Martín Llaryora presentó el programa “Estamos Juntos”. Fue anunciado como "una iniciativa pensada para abordar de manera integral la problemática del narcomenudeo en los barrios de las distintas localidades de Córdoba".
El programa es impulsado por el Ministerio de Justicia y Trabajo, a través de la Secretaría General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico.
"El proyecto parte de la convicción de que la lucha contra este delito no se agota en la persecución penal, sino que exige una respuesta articulada entre el Estado, las instituciones locales y los propios vecinos", se indicó desde el Centro Cívico.
Durante la presentación el gobernador explicó que Córdoba se animó a tomar muchas medidas para combatir la inseguridad y eso fue un diferencial del Gobierno provincial.
El mandatario sostuvo que la seguridad tiene muchas causas, pero principalmente es hija de la exclusión social. “Aquellas sociedades que tienen más pobreza, más exclusión, generan un círculo que genera más violencia y más inseguridad”.
“Hoy vengo a acompañar y apoyar el programa “Estamos Juntos”, porque siempre hay que seguir reforzando la vinculación de la sociedad. Cada uno desde su lugar tiene que duplicar su esfuerzo para ir mejorando diariamente las condiciones en materia de seguridad”, expresó.
Uno de los pilares fundamentales del lanzamiento es la difusión masiva de la línea telefónica 0800-888-8080, un canal oficial, totalmente anónimo y gratuito, que permite a la ciudadanía comprometerse activamente en la seguridad de sus comunidades sin correr riesgos personales.
El ministro Julián López resaltó durante el acto de este miércoles en el Centro Cívico el crecimiento en seguridad que ha atravesado la Provincia. En este sentido, señaló el aumento del 60% en el personal de agentes de la FPA (Fuerza Policial Antinarcotráfico), "lo cual permitió reforzar tareas de prevención e investigación".
Así, se mostró el resultado del corriente año, donde se logró secuestrar más de 150.000 dosis de cocaína que no llegaron a manos de jóvenes o consumidores.
Por otra parte, destacó el trabajo en más de 900 allanamientos e incautación de más de 100 vehículos y 350 puntos de venta cerrados.
Además, resaltó la desarticulación de 15 asociaciones criminales en todo el territorio provincial.
No es contradictorio perseguir el narcomenudeo (o distribución minorista de estupefacientes) y a su vez combatir el gran narcotráfico. Aunque sí es uno de los debates centrales en la política de seguridad.
Y es que la persecución del último eslabón suele ser más visible pero menos efectiva contra las estructuras financieras del delito.
La Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes (Ley 26.052), significó la fragmentación de la lucha contra las drogas.
La norma, aprobada en 2005, tuvo como fin "delegar en las justicias y policías provinciales el combate al comercio minorista (búnkeres, quioscos y delivery de barrio) para liberar a la Justicia Federal".
El punto, y acá aparece el debate o dilema, es si esto se cumple como lo manda la legislación y el mismo énfasis para a lucha contra el narcomenudeo, como en este caso la provincia de Córdoba, lo ponen las fuerzas federales a la hora de combatir el gran negocio del narcotráfico, el crimen organizado, las rutas internacionales y el lavado de dinero.
