“Carolina” es el nombre ficticio de una adolescente que a los 9 años comenzó a ser víctima de abuso sexual en el ámbito intrafamiliar en un barrio periférico de la ciudad de Córdoba.
A los 12 años se animó a escapar de su casa y relatar a un familiar el tormento que vivió. Con mucho valor también decidió hacer la denuncia contra quien había sido su abusador: la pareja conviviente de su madre.
Con pruebas suficientes, el hombre que agredió su integridad sexual fue imputado pero desde el año 2013, la causa no tuvo avances. Por esa razón, esa niña que hoy tiene 16 años buscó asesoramiento legal con una firme determinación: convertirse en querellante particular de la causa y ver preso a quien tanto daño causó en su vida.
“Se trata de un caso testigo debido a que, siendo todavía menor de edad, ella está pidiendo que la dejen participar del proceso judicial”, explicó a LA NUEVA MAÑANA la abogada Vanina Lamberti.
“Su frase fue: ‘yo quiero hacer todo lo que haga falta para que él pague por lo que me hizo’. A partir de ahí, fue evaluada por una psicóloga de la Casa de la Mujer que determinó que hacer justicia sería un hecho sumamente reparador en su vida”, relató la letrada que hoy es la abogada de “Carolina”.
De inmediato, se preparó un escrito como cualquier persona que quiere constituirse como querellante particular en una causa, solo que en esta oportunidad se tuvo que fundamentar mucho más la decisión. El pedido fue presentado el pasado 13 de marzo ante la Fiscalía interviniente.
“En casos de abusos sexuales a menores en el ámbito familiar la única prueba suele ser la declaración del niño. En realidad, ella era un objeto de prueba. Pero lo que está pidiendo es poder ver el expediente, entender por qué él sigue libre e intentar hacer algo al respecto para que el procedimiento avance en la búsqueda de justicia...”, aclaró la abogada. “Es ella la que necesita empoderarse para participar activamente y defenderse en esa causa”.
Pese al dictamen favorable del asesor de Menores, la fiscal pidió una pericia psicológica que está prevista para el 15 de junio, donde otra psicóloga determinará si “Carolina” “tiene la capacidad y madurez suficiente para asumir el rol que pretende”.
“Si es aceptada, será el primer caso en su tipo en Córdoba donde se le permitiría a un menor de edad ser querellante particular con el patrocinio jurídico correspondiente a través de un abogado del niño en una causa penal”, aclaró Lamberti.
Vacío en la legislación provincial
La figura del abogado del niño que la doctora Vanina Lamberti asume en este caso, no está en la actualidad regulada específicamente en el ámbito provincial, pesé a que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde agosto 2015, incorpora la asistencia letrada de los Niñas, Niños y Adolescente (NNA) en varios de sus artículos. Con anterioridad, desde el año 2005, la Ley Nacional de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente N° 26061 y su decreto reglamentario Nº 415/2006 incorporaron la asistencia letrada para la niñez y adolescencia.
La abogada Claudia Andrea Arias, coordinadora del área de Infancia del Colegio de Abogados de Córdoba, explicó que la Ley N° 26.061 señala que las Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a acceder a una asistencia letrada preferentemente especializado en niñez”, sin distinción etaria alguna.
“Esta ley permitió el cambio de paradigma. Se pasó del patronato a considerar al niño, niña y adolescente como sujeto de Derecho”, precisó Arias. “El decreto reglamentario incluso señala que más allá del asesor letrado del Ministerio Pupilar, debe haber un abogado que defienda los intereses personales de los niños”, agregó.
Córdoba sancionó en 2011 la Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente (N° 9944). La misma refiere a la asistencia letrada de los NNA y faculta al Poder Ejecutivo provincial celebrar convenio con los Colegios de Abogados de cada Circunscripción Judicial a fin de posibilitarles que dispongan de una defensa. A pesar de que pasaron seis años, esa ley aún no fue reglamentada, y no se definieron criterios sobre ese patrocinio legal para los niños.
“El Colegio de Abogados comulga con esta figura y viene trabajando desde 2011 hasta ahora en diferentes espacios con ponencias, capacitaciones, proyectos, dictámenes, aportes, suscripción de convenios en torno a dicha figura para poder crear un registro de abogados del niño. Con ese fin se elaboró el año pasado una propuesta para contar con una legislación específica para la figura del abogado del NNA como así también capacitación vinculada a niñez y adolescencia que está siendo analizada en el ámbito de nuestro colegio profesional”, explicó Arias.
Aún así, la abogada recordó que desde el 2012 y por un convenio firmado por el Ministerio de Justicia de Córdoba con el Colegio de Abogados, existe una nómina similar pero en el marco de la Ley Nacional de Identidad de Género.
“Según el artículo 5 de esa legislación, todo niño que quiera cambiar a su sexo autopercibido debe contar con asistencia legal. Desde entonces, el Colegio de Abogados de Córdoba hace todos los años una convocatoria a abogados de niños para la Ley de Identidad de Género. Ocurre que en la práctica, ese mismo listado es tomado por los juzgados, no todos, ante todo tipo de casos que requieran un asistencia letrada para niñas, niños y adolescentes”, detalló Arias.
“Lo que pretendemos es la creación de una nómina de abogados del niño y adolescente en la órbita del Colegio de Abogados para que se inscriban los profesionales con matrícula, que cumplan determinados requisitos como título, edad y capacitación, entre otros”, afirmó.
Y ahí es cuando se genera un problema: “No hay en Córdoba un posgrado o especialización en Derecho de Infancia ni una matrícula especial. Es por esto que el Colegio viene realizando jornadas, talleres y cursos, y está gestionando la suscripción de convenios con universidades para generar espacios de capacitación sobre la temática del derecho infantil”, explicó.
Un proyecto que espera su tratamiento
Sobre la misma figura y el vacío legal existente, el legislador de Córdoba Podemos, Martín Fresneda, presentó el año pasado un proyecto en la Unicameral con el fin de establecer pautas claras respecto a la figura del abogado del niño en Córdoba.
La propuesta no tuvo aún tratamiento legislativo y por esta razón se presentó una nota solicitando una prórroga, para que no pierda estado parlamentario y se abra el debate.
Una de las asesoras ad honórem que trabaja junto al legislador Fresneda en el proyecto es la letrada María Cecilia Battistini, que viene ocupándose hace varios años en la materia y actualmente es tesista de una maestría que tiene como eje la implementación de este cambio de paradigma en niñez y juventud.
En diálogo con LA NUEVA MAÑANA relató: “A mediados del año pasado, presentamos un proyecto de ley en la Unicameral, para crear la figura del abogado de niños, niñas y adolescentes en nuestra provincia, en base a un relevamiento de lo que ocurría en otras provincias como la de Buenos Aires. En Córdoba, no tenemos una legislación que reconozca la asesoría jurídica para niños y jóvenes, y lo que busca nuestro proyecto es remediar eso, que ese derecho se pueda ejercer”, sostuvo Battistini.
“En la propuesta se establece, no solamente que el costo de la asesoría esté a cargo del Estado y por lo tanto sea gratuita para los niños, sino que además garantice que cada vez que ellos vean vulnerados sus intereses; ya sea en un proceso judicial o administrativo (la escuela, la salud, etcétera), los niños sean informados de que tienen derecho a elegir un abogado, que puede ser alguien de su confianza o bien algún profesional especializado dentro de la nómina existente”, precisó la asesora. “Este letrado se encargará de visibilizar la voz del niño, a través de todas las presentaciones judiciales correspondientes y las gestiones administrativas que haya que realizar para que se cumplimenten sus derechos”.
Battistini aclaró además que en el proyecto se viene trabajando “con muchos actores sociales para impulsar la iniciativa de ley, que viene teniendo amplia aceptación social, porque su objetivo no es ni más ni menos que ganar derechos”.
Por los derechos de los niños
Una de las especialistas en Córdoba sobre el tema de derechos de niños, niñas y adolescentes, la abogada Julia Reartes, afirmó que legislar sobre esta figura es “ni más ni menos que dar cumplimiento a lo que ya está establecido en la Convención de los Derechos del Niño, desde el año 1989”.
“La convención es un pacto de Derechos Humanos para la niñez y adolescencia que establece por un lado derechos y garantías, y por el otro la obligación del Estado, la familia y la comunidad de hacerlos efectivos. Más precisamente, en el artículo 12 se establece el derecho del niño a participar y que su opinión sea tenida en cuenta en todos los aspectos de la vida que le conciernen”, graficó.
“El sistema legal prevé que las personas menores de edad sean representados por sus progenitores o por las personas que ejercen su cuidado, y en algunos casos inclusive por asesores oficiales, pero a veces esa representación es insuficiente y hay conflictos de intereses. Para esas situaciones, la Convención señala la responsabilidad del Estado para establecer mecanismos que garanticen ese derecho procesal, el de participar con la asistencia jurídica diferenciada de los adultos. Es decir, si el niño/a o adolescente, que por alguna situación de su vida deba intervenir en una instancia judicial, que tenga un abogado/a que pueda técnicamente defenderlo, como se defiende a cualquier persona mayor de edad en cualquier proceso judicial”, explicó Reartes.
Además, relató que a partir de la Ley Nacional 26.061, se generó una discusión en torno a cómo hacer efectivo el derecho a contar con abogado, es decir a través de qué mecanismo puede designar un profesional que lo represente. “Esto que se ha planteado como una dificultad, tiene que ser un debate que invite a buscar soluciones creativas, la falta de reglamentación en la práctica se traduce en la restricción del derecho al niño de contar con un abogado”, enfatizó la especialista.
“En la actualidad se verifica en muchos expedientes que cuando el niño solicita contar con patrocinio en algunas causas, no se le hace lugar”, dijo la abogada, y explicó que esto sucede “al no estar clara la regulación de cómo aplicar la figura del abogado del niño. En muchas situaciones cuando se solicita la intervención del abogado, por ejemplo en conflictos de familia, en función de la edad se evalúa la capacidad del niño, si está en condiciones de formar su juicio propio, de contar con una opinión, y de ser así, se le designa un abogado. A veces puede ser el mismo asesor que tienen los tribunales”.
Para Reartes es necesario dar a conocer este derecho públicamente, en todos los colegios y asociaciones de profesionales que trabajan con la temática vinculada a la niñez, “para que se debata de la manera más comprometida e interdisciplinaria posible”.
Leé el proyecto del legislador Martín Fresneda que se encuentra en comisión:
