Redacción La NUEVA Mañana
La Justicia ordenó el cese de “fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos”. Se alegó que “existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”.
La Cámara Civil II, Sala Segunda, a cargo de Oscar Daniel Benedetto, hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental promovido por la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y el Foro Ecologista para impedir las fumigaciones sobre los establecimientos educativos en áreas suburbanas de la provincia de Entre Ríos.
La presentación había ingresado formalmente el 22 de agosto y el histórico fallo se conoció días atrás. Originalmente en la demanda se solicitaba que se exhorte al Gobierno entrerriano a que en un plazo razonable se fije “una franja de 1.000 metros alrededor de escuelas rurales, libre de uso de agrotóxicos. Y una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal cuyo objetivo sería impedir y/o disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos”.
Alegando medidas “urgentes” para proteger a las niñas y los niños que van escuelas rurales y se ven expuestos a los venenos utilizados en la actividad agrícola, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y la entidad ambientalista también requirieron un “sistema de vigilancia epidemiológica” así como “estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Del mismo modo pidieron a que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos haga análisis sobre el agua para el consumo de los alumnos, publicó Era Verde.
Benedetto hizo lugar a la prohibición de fumigar en un radio entre 1.000 y 3.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia y a “exhortar al Estado Provincial para que, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”.
Además, coincidió en “condenar al Estado Provincial y al Consejo General de Educación a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales”; y “suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
Según un relevamiento conjunto realizado entre la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas y Agmer, se pudo establecer que en forma sistemática el 80% de las escuelas rurales entrerrianas padece fumigaciones con agrotóxicos.
En octubre de 2017, producto de la lucha de la docente Mariela Leiva y del gremio docente Agmer, el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay sentenció que fumigar escuelas es delito y condenó a un empresario fumigador, un piloto y un productor agropecuario a 18 meses de prisión por fumigar la escuela rural 44 de Santa Anita. En marzo pasado, la escuela 54 del barrio Perucho de San José fue fumigada en horario de clase. Hubo niños intoxicados y decenas de evacuados.
El amparo es innovador porque abarca a todas las escuelas de la provincia, que los denunciantes precisan en 1023 y porque afecta a todos los agrotóxicos, no sólo el herbicida glifosato.
El periodista especializado en conflictos socioambientales, Darío Aranda, destaca en una artículo publicado en Página 12, que el fallo judicial también se logró gracias a la lucha vecinal. "Todos los martes desde hace casi una año se marcha frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos contra las fumigaciones y el modelo transgénico. La actividad, organizada por la “Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos. Basta es basta”, ya lleva 38 movilizaciones. También se manifiestan en las ciudades de Crespo, Villaguay, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Victoria y Basavilbaso, entre otras", dice Aranda.
“Nuestros gurises van a estar más protegidos”
Estela Lemes, directora de la Escuela rural Bartolito Mitre y una de las afectadas por las fumigaciones aéreas dijo a El Día que el fallo es un gran avance. "Estoy muy contenta porque los gurises van a estar más protegidos. De todos modos hay que estar atentos porque el mosquito no va a pasar por la escuela a fumigarnos directamente, pero a nuestros hogares llegan los agroquímicos en los alimentos”, dijo.
Por eso, es que Lemes alentó que “seamos capaces de encarar una nueva alternativa de producción; que la podamos construir entre todos y en beneficio de todos para preservar la salud de todos”.
“En nuestra zona no pasan las avionetas. Por eso destacamos que se destaque la prohibición de fumigar a menos de mil metros, también por tierra, porque se utilizan los mosquitos y a 3 mil metros en avión”, concluyó.
Tras el fallo, la lucha continúa
El amparo que protege las escuelas fue apelado por el Gobierno provincial de Gustavo Bordet, pedido por el secretario de Producción, Alvaro Gabás.
“Pareciera que en el Gobierno prima la lógica de preservar el beneficio económico particular por sobre la defensa de un bien colectivo como la salud y la vida de nuestros niños y niñas que aprenden en contextos de absoluta vulnerabilidad”, cuestionó Aldana Sasia, abogada de la Coordinadora y del Foro Ecologista de Paraná en diálogo con Página 12.
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