El presidente Macri busca el apoyo de los gobernadores para su plan de ajuste. Sin embargo, el frente provincial no aparece tan seguro de acompañar las medidas consensuadas con el FMI.
País 10/09/2018 Daniel Salazar
Por: Daniel Salazar - Especial La Nueva Mañana - Redacción Buenos Aires
SEMANA CLAVE
Mauricio Macri admitió, en su último discurso por cadena de medios (preparado, coacheado y grabado dos veces como nos tiene acostumbrado) pronunciado luego de la megadevaluación que azotó las finanzas del país el mes pasado, que la economía está en “emergencia” y planteó que la única salida que tenemos los argentinos es la reducción del déficit fiscal del 2,7% actual al déficit primario cero que pretende para el año que viene. Un ajuste de 400.000 millones de pesos.
Para cumplir con una parte de esa meta el Gobierno se entusiasma con acordar el ajuste con las provincias y espera imperiosamente cerrar mañana el borrador del presupuesto en la reunión que el presidente mantendrá con los gobernadores en la Casa Rosada, para poder enviarlo el viernes al Congreso.
En plena negociación con el FMI para avanzar en la renegociación del acuerdo con el organismo para pedir los adelantos del préstamo que la entidad había comprometido para el año 2020 y 2021, buscando hacer frente a los pagos de la deuda del año que viene y necesitado en dar una buena señal a los mercados de que Argentina cumplirá con todos los pagos para no caer en default.
Un entusiasmado ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al término de la reunión que mantuvo la semana pasada con los ministros de Economía de los 24 distritos federales, aseguró a los periodistas acreditados en la Casa Rosada que acordó con las provincias “avanzar” en un recorte de 100.000 millones de pesos.
A esa cifra se llegó, indicó el ministro, mediante el traspaso a las provincias del gasto de subsidios al transporte urbano e interurbano, unos 43.000 millones de pesos, que se traducirá en la suba del boleto y la eliminación del 30% del Fondo Federal Sojero que la Nación coparticipaba con las provincias, que representaría $30.000 millones, que perjudicará los ingresos fundamentalmente a los municipios.
Falta conocer como completará el monto del ajuste que corresponde a los Estados provinciales porque la Secretaria de Energía de la Nación suspendió el traspaso de los subsidios a la tarifa social en la energía que representaban $14,5 mil millones.
En este sentido, Frigerio señalo que “lo que se ha planteado es una transferencia gradual de algunas responsabilidades que estaban en la órbita nacional hacia las provincias, en el marco de un país federal en serio, en que las provincias reciben cada vez más recursos”.
En tanto, como contrapartida el Gobierno ofreció suspender la baja del impuesto a los sellos y subir la alícuota a los bienes personales en el exterior. Como moneda de cambio quedaron la suspensión de la rebaja de los ingresos brutos que el Gobierno no está dispuesto a ceder y las obras públicas en ejecución y las que se incluirán en el nuevo presupuesto.
Algunos de los enviados de las provincias se mostraron escépticos de los avances pero evitaron las críticas en público. Lo que no dice todavía el gobierno es de donde recortará las 2/3 partes del resto de los fondos.
Los que si se expresaron fueron los gobernadores peronistas que dejaron trascender su preocupación por la falta de precisiones de los ajustes que el poder ejecutivo planea para cumplir con el FMI, pero fundamentalmente los que repercutirán en los ingresos de las arcas provinciales, en la reunión que mantuvieron en el CFI y de la que participaron también legisladores y sindicalistas, el jueves pasado, en la Capital Federal en paralelo con la que mantenía Frigerio con los ministros de Hacienda provinciales.
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, que ofició de vocero de ese encuentro confirmó el malestar que existe entre los mandatarios provinciales por los anuncios de ajuste de Macri que repercuten en la economías regionales sin que los hayan convocado “Si el país está en emergencia hay que convocar a todos los actores. Todos lo que estamos acá queremos ayudar y generar tranquilidad a la población”, aseguró.
Si bien horas más tarde llegó la convocatoria a la cumbre con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, mañana a las 17, varios gobernadores consultados por La Nueva Mañana dijeron en voz baja que no estarían dispuestos a apoyar “si el ajuste no es equitativo” y los más críticos sostuvieron que se puede acordar para crecer pero no para condenar a la población a la miseria”. También se escucharon críticas a las medidas de ajuste para salir de la crisis “no se pueden obtener resultados diferentes con las mismas políticas económicas” aseguraron.
Pero quien cargó abiertamente contra el gobierno fue el santafesino Miguel Lifschitz, quien se refirió a la crisis económica que atraviesa el país tras la megadevaluación y dijo que “no quiero ser socio del ajuste”.
En diálogo con la prensa, el mandatario expresó: “Vamos a ver cómo siguen avanzando las conversaciones con el Gobierno y con los gobernadores. Yo no quiero ser socio del ajuste porque no compartimos esa mirada de la política económica. Entendemos que hay que garantizar la gobernabilidad, pero hay que defender los recursos que nos corresponden”.
“Hay que tratar de poner el hombro, pero al mismo tiempo queremos defender los recursos, defender y defender la necesidad de no hacer ajustes que tengan impacto social sobre los sectores más vulnerables”, afirmó.
No obstante la firmeza con que los gobernadores parecen haberse plantado ante el presidente, en la Casa Rosada hablan otro idioma, consideran que en la reunión de mañana con los mandatarios provinciales Mauricio Macri tendrá la fotografía que busca, para escenificar el respaldo al presupuesto y dar una señal de certidumbre a los mercados y al FMI.
Sea cual fuere el resultado de la cumbre de este martes, Macri enviará el proyecto de Ley de Presupuesto 2019 al Congreso donde comenzará la segunda, sino la definitiva, etapa de la discusión. La batalla será ardua pero el gobierno espera el salvavidas del Congreso. Hasta ahora consiguió todas las leyes que pidió el Poder Ejecutivo con el apoyo de los bloques peronistas “dialoguistas” de Argentina Federal y del Frente Renovador que responden a los gobernadores y esperan que esta no sea la excepción.
Si eso no ocurre no habrá desembolsos del FMI y “la economía entraría en una etapa de crisis permanente”, aseguró a La Nueva Mañana un economista en el Congreso.
Es una batalla de Apocalípticos, que creen que esta crisis marca el fin de ciclo de la administración de Mauricio Macri y hay que evitar males mayores, e Integrados, que ven cosas positivas en el acuerdo con FMI y que se verá la luz al final del túnel, pero en el medio hay millones de personas en juego.
Para los realistas las medidas de austeridad que el gobierno pretende aplicar a las deficitarias cuentas del estado, “se traducirá en un feroz ajuste con implicancias económicas y sociales imprevisibles”, advierten desde las organizaciones de la economía popular y economistas locales y extranjeros.
“El Gobierno tiene que reflexionar sobre la situación en los barrios populares. Es desesperante, porque literalmente hay hambre, nuestros pibes comen apenas una vez por día y lo hacen gracias a los comedores comunitarios. Hoy está en riesgo la paz social”, advirtió Esteban Castro, titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) a este medio, en el marco de la primera protesta de un plan de lucha que esta organización, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otros organizaciones del grupo “San Cayetano” realizaron el jueves pasado y que promueven todas las semanas en todo el país hasta el martes 25 de septiembre en adhesión y apoyo al paro general de la CGT con participación activa en todas las rutas argentinas.
En tanto para el ex ministro de Economía, Axel Kicillof (FPV-PJ) las políticas neoliberales que aplicó Macri desde el inicio de su gestión “conducen fatalmente a la desindustrialización, el sobreendeudamiento y a la exclusión social, intentando instalar que el ajuste lo van a tener que hacer las provincias, los municipios, los trabajadores, los jubilados y los sectores más postergados”, opinó.
Para los vicepresidentes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por donde ingresara para su discusión el presupuesto Nacional, Diego Bossio (Argentina Federal ) y Marco Lavagna (Frente Renovador) coincidieron en criticar la falta de precisiones macroeconómicas y el rumbo que impone el Poder Ejecutivo.
Por su parte, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz cuestionó las políticas económicas del gobierno de Cambiemos. “Macri, cuando llegó, confió demasiado en la idea de que habría un ingreso de capital de inversión extranjera. Y cometió un gran error al recortar los impuestos a la exportación, que eran una importante fuente de ingresos, al aumentar el déficit, el monto que tenía que tomar prestado, el costo de los alimentos, y reducir los salarios reales de los trabajadores”, aseveró.
Además, el ex economista jefe del Banco Mundial advirtió: “Los tipos de interés excesivamente altos atraen capital que vienen por un tiempo y luego se va. Lo que me preocupa es que una vez que se crea una crisis, como parecen haberlo hecho estas políticas de mala gestión de una forma previsible, el margen de maniobra está muy limitado”.
“Las medidas de austeridad que parece estar imponiendo obviamente ralentizarán la economía e impondrán nuevamente un alto costo en la gente común”, señalo en una entrevista que concedió a la cadena británica BBC Mundo.
No obstante las advertencias sobre conflictos sociales que preocupan al Gobierno y que comenzaron a traducirse en saqueos a comercios en distintos puntos del país, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich introdujo un concepto peligroso y que retrotrae al periodo más oscuro de la vida de los argentinos al comparar las presuntas convocatorias a saqueos a “una especie de guerra de guerrillas”.
Para la funcionaria, “la construcción del movimiento social como una amenaza permanente tiene que ver con movilización y, cuando no están ahí, generan una idea de guerra de guerrillas para provocar incertidumbre”. “Quienes defienden la Democracia, la República y el Estado de Derecho deberían condenar con mayor firmeza las nefastas ideas de la ministra” sostuvieron los sectores parlamentarios más duros con el Gobierno.
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