El retraso salarial afecta a más de 12 mil trabajadores entre docentes y no docentes de la UNC. Los 135 mil alumnos acompañan el reclamo. El Gobierno nacional convocó a una reunión para hoy.
Córdoba 27/08/2018 César Pucheta
Por: César Pucheta - Especial La Nueva Mañana
“La universidad pública está en peligro”, rezan los carteles, las banderas y los posteos que invadieron las redes sociales en los últimos días. No hay demasiados matices entre las opiniones cuando los temas que se imponen en la agenda pública tocan fibras tan sensibles. El pasado miércoles, caminando las calles de la Ciudad de Córdoba, atentos y distraídos podían encontrarse con representantes de todo el arco político y social de la universidad en particular y de la vida pública en general. Resulta complejo para muchos imaginar que el presente podría haber sido percibido en algunos gestos que se fueron sucediendo durante estos últimos años.
Sin embargo, las preocupaciones se imponen y la situación se reconoce en su estado límite. El hecho es casi inédito, los rectores, los representantes del oficialismo nacional e incluso los militantes de las propias filas políticas de los funcionarios de turno, exigen una respuesta urgente.
“Hay que remontarse muy atrás para encontrar una situación universitaria como la que estamos viviendo hoy en día, y que no tiene que ver solamente con la cuestión salarial sino que es un combo que empieza con un presupuesto que no alcanza porque está golpeado fuertemente por la inflación, a lo que se suma la sub-ejecución y los recortes”, asegura Carlos De Feo, titular de la Federación Nacional de Docentes Universitarios CONADU.
De Feo señala además que hoy se le adeuda al sistema universitario nacional más de $1.000 millones pero que ese monto, en cierto modo, es el número mejorado de una deuda aún mayor que la administración nacional subsanó luego de las medidas de fuerza que impidieron el comienzo del segundo cuatrimestre en todo el país.
Hasta agosto, el Gobierno había girado a las universidades sólo los gastos de funcionamiento de enero y febrero. A partir de la contundencia del plan de lucha que se replicó en las 57 universidades nacionales distribuidas en todo el país, se efectivizó el envío de las cuotas correspondientes a marzo, abril y mayo, pero aún no hay novedades con respecto a los meses restantes.
Esa realidad ataca sobre todo a las universidades más pequeñas, ya que “las más grandes manejan niveles presupuestarios más elevados y tienen una mayor posibilidad de generar recursos propios; una realidad que no es una opción para las más chicas”, afirma De Feo.
Durante el primer año de la gestión Cambiemos, los docentes universitarios firmaron una paritaria que alcanzó el 33%. Con el argumento de la Emergencia Estadística, el Indec no hizo públicos los números anuales del 2016 pero el IPC que elabora el Congreso de la Nación ubicó la inflación en un 40,3%.
Los docentes vieron entonces una reducción concreta del 7% en su salario y fueron al 2017 en busca de un arreglo más favorable. Se trataba de un año electoral y el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, disputaba una banca en Senado nada más y nada menos que contra Cristina Fernández. El acuerdo 2017 fue entonces claramente superador al del año anterior. Se firmó en el mes de julio y contempló un aumento de entre el 25% y un 26,4%, con una cláusula gatillo que se activó cuando la inflación superó esos porcentajes.
Con el Ministerio de Educación a cargo de Alejandro Finocchiaro, que venía de protagonizar unas de las batallas centrales que la administración Cambiemos eligió como eje de la primera parte de su gestión contra los sindicatos docentes bonaerenses, el panorama volvió a teñirse de negro.
Para el Secretario General de ADIUC, Javier Blanco, “no se puede separar la cuestión presupuestaria de la discusión salarial porque los salarios conforman el 90% del presupuesto universitario. O sea que si vos recortás el 15% del salario, estás recortando el 14% del Presupuesto”, dice.
Por otro lado, advierte que, si bien no hubo “grandes recortes”, los que hubo fueron “muy quirúrgicos”. Allí aparecen, por ejemplo, los recortes a las becas estudiantiles (350 mil, sólo contemplando el plan PROGRESAR) y a las becas de posgrado (de 60 a 16, sólo en Córdoba).
En materia estrictamente salarial, hoy el 75% de los docentes universitarios gana menos de $25000; los recién ingresados a la carrera, incluso, pueden ganar un par de miles por debajo del salario mínimo vital y móvil.
Con una inflación que ya tocó el 20% en lo que va del año, que nadie estima en menos del 30% para todo el ejercicio 2018, la oferta que el gobierno nacional propone nunca superó la pauta anual del 15%. Un 5% fue impuesto unilateralmente en el mes de mayo y, según han dejado trascender, una segunda cuota del 5,8% se aplicará a partir del mes de agosto. O sea, la mitad del impacto inflacionario informado por el propio INDEC.
En un primer momento, los gremios habían elevado un pedido por el 25% anual y una cláusula de recomposición automática para no poder perder poder adquisitivo ante la inflación. “Nosotros nos dábamos por satisfechos si lográbamos no perder con la inflación, pero está claro que la intención es bajar los salarios”, afirma el titular del gremio cordobés.
Si hubo un movimiento que en cierto modo adelantó el conflicto universitario que hoy estalla en todo el país, ese fue el recorte que desde los primeros tiempos del Gobierno de Mauricio Macri sufrió el área de Ciencia y Técnica.
El sistema científico tecnológico argentino está compuesto por las universidades, el CONICET y un conjunto de organismos como el INTA, el INA, el INTI, la CONAE y la CNEA, entre otros. Uno de los principales problemas del área surgió con el recorte de las becas del CONICET que se han ido disminuyendo paulatinamente año tras año. Así, los estudiantes de doctorados universitarios que, además, desarrollaban su actividad docente a partir de cargos simples en las universidades, se ven imposibilitados de continuar con sus desarrollos de investigación por causas estrictamente económicas.
La plata no alcanza y los tiempos que se podrían destinar a la investigación científico-tecnológica deben ser invertidos en otras tareas de subsistencia.
“Las tres patas del desarrollo de la universidad son docencia, investigación y extensión. Para poder llevar adelante al menos dos de esas tareas un docente, o tiene un cargo de dedicación exclusiva o tiene un cargo simple y una beca del CONICET. Si no es así, no se puede. Si un docente para poder mantenerse debe tener cuatro cargos simples, cumpliendo diez horas de trabajo por cada uno, no hay tiempo material para investigar ni para hacer extensión”, dice Mirta Iriondo, la decana de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, a la Nueva Mañana.
Entre los programas que están parados y que afectan también al desarrollo de las investigaciones se destacan los programas destinados a las mejoras de equipamiento. En algunos casos, hay grupos de trabajo que esperan desde el año 2016 los montos correspondientes para llevar adelantes sus investigaciones. Si se tienen en cuenta que los grandes equipamientos que se necesitan tienen costos dolarizados la situación se agrava y las esperanzas a que los dineros aparezcan empiezan a diluirse.
Desde el ministerio que conduce Lino Barañao el argumento se ajusta a las generales del presente económico argentino. “No hay plata y no nos giran los fondos desde el Palacio de Hacienda”, argumentan en las reuniones en las que decanas y rectores solicitan soluciones.
Según se informó en las últimas semanas, el CONICET recibirá un aumento extra de $500 millones para hacer frente a las necesidades de todo el sistema universitario. “Si para los gastos corrientes han girado los fondos sólo hasta mayo, imaginemos el impacto que tiene los aumentos tarifarios solamente. Eso no va a alcanzar para nada”, afirma Iriondo.
“La educación no es prioridad para Cambiemos”, dijo el jueves pasado Hugo Juri y la frase cayó como un sorpresivo balde de agua helada para las filas oficialistas.
El Rector de la UNC recordó, incluso, que ya había renunciado a su cargo como Ministro de Educación de la Nación cuando en el 2001 el gobierno de la Alianza intentó un recorte similar en medio de la crisis que precedió a los estallidos de aquel trágico diciembre. El titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no había tenido una definición tan contundente hasta el momento, a pesar de haber encabezado el reclamo de los rectores que exigen una rápida resolución a las autoridades del Ejecutivo nacional.
Los referentes de las altas casas de estudio no se sumaron únicamente para referirse al conflicto salarial sino para intentar evitar una reducción general en la inversión pública en educación que pudiera poner en riesgo el actual funcionamiento del sistema.
“Los rectores no piden un incremento, sino que exigen lo mínimo que van a necesitar para seguir funcionando el año que viene, que parte de un 33% pero debería ser más elevado. En ese cálculo están considerando una paritaria del 15%, que debería ser más porque la inflación va a ser el doble y nosotros no vamos a dejar de pelear por lo que nos corresponde”, advierte De Feo.
Según aseguran los gremios docentes, ya se han subejecutado cerca de $3000 millones en materia de infraestructura, suspendiendo la continuidad de obras que incluso ya estaban licitadas. Además, vale señalar que todos los gastos calculados para el ejercicio anual fueron aprobados en un Presupuesto que se calculó con el dólar a $19 y una inflación estimada en un 12%. Este es un factor que el oficialismo señala como una de las claves para entender el problema y que los rectores advierten como eje central de cara a la discusión del Presupuesto Nacional 2019.
El jueves por la noche, el Ministerio de Educación convocó a los seis gremios universitarios para una reunión que se hará efectiva hoy lunes 27 de agosto en el Palacio Sarmiento.
A la espera de una solución, las actividades continuarán resentidas en las universidades de todo el país durante el arranque de esta semana.
En la UNC, el viernes distintas agrupaciones estudiantiles aprobaron en asamblea tomar las dependencias de la Facultad de Psicología y el Pabellón Mariano Ferreyra (ex Casa Verde) de Filosofía y Humanidades. El Pabellón Cepia de la facultad de Artes ya se encontraba tomado desde hacía 11 días. En tanto, mientras se espera la nueva oferta que pueda deslizar el Gobierno en la jornada de hoy, fue convocada una nueva movilización nacional para el día jueves.
Esta es la mirada de algunos actores centrales que componen la vida institucional de la UNC:
“Los estudiantes están muy movilizados por la situación. Fue un proceso paulatino, pero se fueron sucediendo acciones de concientización que han logrado generar una empatía contundente entre todos los claustros que se vio plasmada en la marcha del miércoles. Nosotros insistimos con la idea del paro activo porque creemos que se pueden llevar adelante las actividades que corresponden a las facultades y poner de manifiesto todas las complejidades que son propias del conflicto”.
Samir Mohuanna - Presidente de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC)
“El conflicto ya desbordó el reclamo salarial de los docentes por los cuatro costados. Hay muchas universidades argentinas que ni siquiera pueden hacer frente a los tarifazos. No es el caso de la de Córdoba, pero sí es una situación que se vive en varios puntos del país. Yo creo que esto no va a tener solución y toda la discusión se va a imponer en el ejercicio del año que viene, que va a tener la impronta de las exigencias del FMI. Creo que, en esos días, volveremos a tener movilizaciones como las que ocurrieron cuando se modificaron los cálculos jubilatorios a fines del año pasado”.
Pablo Carro – Diputado Nacional por Córdoba (FpV)
“La situación es preocupante y debemos tender los puentes hacia una rápida salida. Pero me parece importante aclarar que esto no tiene que ver con un recorte presupuestario. Si uno mira los presupuestos aprobados en los últimos dos años hay un incremento nominal y real con un aumento del 107% sobre una inflación calculada en un 95%. El conflicto genuino y legítimo está relacionado con la situación paritaria docente y ahí hay que poner toda la atención. Es un contexto complejo porque la inflación que tenemos no es la que se calculaba que íbamos a tener, hay que encontrar un punto de equilibrio para que los docentes no pierdan”.
Brenda Austin – Diputada Nacional por Córdoba (UCR)
“La situación de los colegios preuniversitarios tienen características particulares que responden a realidades locales particulares. Los alumnos son menores de edad, no son jóvenes emancipados como sucede en el caso de los universitarios, y hay grupos de padres que incluso han llegado ir a la Justica buscando evitar las medidas de fuerza. Nosotros tenemos reivindicaciones propias y que tienen que ver con la realidad de trabajadores docentes que, a diferencias de muchos universitarios, sólo tenemos este ingreso para mantenernos. Más allá de eso, hoy la lucha central está unificada en el conflicto nacional”.
Pablo Reta – Delegado de la Asamblea Docente de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano
“El conflicto universitario golpea directamente a los No Docentes. Somos parte del conflicto y por eso estamos trabajando en conjunto con los docentes y los estudiantes. Es posible que haya un congelamiento de vacantes para el año que viene y eso sería muy duro porque ataca directamente las posibilidades de ascenso y de solucionar las necesidades que tiene cada una de las unidades académicas. Nosotros estamos en alerta nacional y hemos pedido la reapertura de paritarias. Debemos reflexionar y actuar en conjunto para abrir el debate en la sociedad a fin de que se garantice el derecho de estudiar en una universidad pública de calidad, inclusiva y gratuita.”
Silvia Aguirre – Secretaria General de la Asociación Gremial de Trabajadores de la UNC
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