El diputado del FpV-PJ, Rodolfo Tailhade, apuntó contra el juez y el fiscal por considerar que la investigación “no resguarda las normas procesales y las garantías constitucionales”.
País21/08/2018 Daniel Salazar
Por: Daniel Salazar - Especial La Nueva Mañana - Redacción Buenos Aires
Rodolfo Tailhade es una de las espadas judiciales del kirchnerismo en el Congreso Nacional y uno de los pocos integrantes de esa fuerza política que habló sobre la investigación de corrupción que puso en la mira a ex funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y a empresarios vinculados a la obra pública por supuestos “aportes” para la campaña, que viraron ahora a hipotéticos pagos de “sobornos” a cambio de licitaciones.
En la entrevista que mantuvo con La Nueva Mañana, Tahilade consideró que el accionar en el proceso judicial pone en duda la veracidad de los hechos.
- ¿Cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo con la denominada “causa de los cuadernos” que involucra a ex funcionarios de su fuerza política?
- La causa está bajo secreto de sumario, de manera que el conocimiento que tengo de ella es en base a lo que trascendió a través de los medios. Aún así, me parece que tanto (el juez Claudio) Bonadio como (el fiscal Carlos) Stornelli están perdiendo una oportunidad histórica de hacer una investigación seria con intenciones reales de llegar a la verdad. Pero con la impronta que tiene este proceso, básicamente lo que se hace es generar un circo mediático para volver a poner a Cristina (Fernández de Kirchner) en el centro de la escena de un caso de corrupción, cuando no hay absolutamente ningún elemento de prueba en las fotocopias que así lo indiquen.
Siguen siendo funcionales al gobierno de Mauricio Macri en el marco de esta realidad económica y social que golpea a la gente y están convirtiendo al país en una hoguera que permanentemente tratan de tapar con alguna válvula de escape, que esta vez encontraron con el armado de esta causa.
“¿Cuál es el interés real que tienen respecto de la corrupción? ¿Es solamente armar causas y escenarios mediáticos para que Cristina tenga algún prejuicio por parte de la opinión pública o quieren descubrir la verdad? A esta altura es más que evidente que el objetivo es el primero y no el segundo”.
La investigación no se lleva a cabo con el resguardo del debido proceso y las garantías constitucionales están siendo vulneradas. En primer lugar, porque no la realiza un juez natural, es decir un magistrado que haya sido designado por sorteo; tanto Bonadio como Stornelli, que no es el fiscal al que le corresponde intervenir en la causa, no tenían legitimidad para asumir esta investigación que debería ser imparcial.
En segundo lugar, porque no tiene sustento jurídico que la investigación se base en fotocopias de unos cuadernos que no existen y que no permiten peritaje. Pero más grave aún es que primero detienen a los supuestos involucrados y después, con la delación premiada, los torturan con la amenaza de seguir en prisión. Es decir, hacen lo contrario a lo que establecen las normas de un Estado derecho.
Por todas estas irregularidades, probablemente esta investigación naufragará sin que se descubra la verdad. Fundamentalmente, porque privilegiaron el armado de una causa contra Cristina en lugar de trabajar como corresponde.
- ¿A qué se refiere con que “naufragará” por culpa de los magistrados?
- A que nadie va a ser condenado. Esto va a terminar como lo hizo el juicio a la Amia, donde hubo jueces y fiscales que mantuvieron detenidos por casi ocho años a personas que luego fueron declaradas inocentes porque la investigación fue absolutamente irregular. Acuérdese de un juez dándole 500 mil dólares a un imputado para que involucre a otros, relegando las condiciones de un Estado de derecho por sobre la gravedad de un crimen. Estamos hablando de que el principal crimen de nuestra historia quedó impune porque una banda de jueces y fiscales llevó adelante una mala investigación.
La causa de los cuadernos va a terminar probablemente en una nulidad sin que conozcamos la verdad. El Estado de derecho no acepta que se cometan delitos como los de los magistrados.
Si existieron estos aportes millonarios de empresarios supuestamente por exigencia de funcionarios públicos de nuestro gobierno, lo que están haciendo tanto Bonadio como Stornelli es crear las condiciones para que nunca sepamos si eso efectivamente pasó. La oportunidad histórica que estamos perdiendo está más que clara, porque cosas que jamás han estado en el centro de la escena judicial y mediática como el supuesto pago de aportes ilegales de empresarios a funcionarios, están siendo echadas a perder por estos magistrados.
Si existió o existe este tipo de mecanismo, probablemente podría surgir de una investigación imparcial, seria y racional pero no tenemos ninguna de esas características en la investigación de Bonadio y Stornelli.
“En dos años y medio no han dejado normas por violar y en ese sentido tanto jueces y fiscales la van a pagar con los mecanismos constitucionales que se tienen que poner en marcha cuando este gobierno termine”.
- ¿Cree en la veracidad de los hechos?
- Que Ángelo Calcaterra, primo hermano y testaferro del presidente (Mauricio) Macri se presente al juzgado, sea imputado y salga en libertad mientras otros empresarios fueron detenidos, muestra una dimensión patética de la situación. Calcaterra aparece en la fotocopias de los supuestos cuadernos entregando bolsos a funcionarios que, según dijo, fueron para la campaña del kirchnerismo y aún así no lo detuvieron. Ni siquiera fue citado, se presentó espontáneamente y quedó en libertad. O el caso de (Juan Carlos de) Goycoechea, a quien hemos denunciado penalmente por los parques eólicos que transfirió a las empresas de la familia presidencial, fue aportante de la campaña de Cambiemos y también quedó libre. Entonces claramente hay un direccionamiento sobre determinados personajes.
Además, el hecho de que los primeros empresarios arrepentidos dirigieran sus descargos a los aportes que supuestamente hacían para la campaña de nuestra fuerza política y ahora, extrañamente, como no le conviene al armado de Bonadio y a Stornelli, los nuevos arrepentidos digan que pagaron sobornos a cambio de licitaciones de obra pública, hace poco creíble el accionar del proceso judicial y pone en duda la veracidad de los hechos.
- ¿Por qué la Justicia Federal no siguió el camino que pidió la ex presidenta de investigar la obra pública desde el 2003 hasta el 2015, en lugar de basarse en la fotocopia de unos cuadernos?
- Habría que preguntarle a la Justicia porque cuando Cristina declaró en el marco de la causa de la obra pública de Santa Cruz en el juzgado de (Julián) Ercolini, que dicho sea de paso es la única provincia que está siendo investigada por la obra pública, tuvimos altos niveles de corrupción en la obra pública pero la única que se investiga es Santa Cruz y el resto de las provincias no.
Además del pedido de Cristina también hay un proyecto de Adrián Grana firmado por otros diputados del bloque que se presentó el año pasado pidiendo que el Congreso lleve adelante una auditoría integral de la obra pública de nuestro gobierno, pero jamás se trató en ninguna comisión. No hay ningún interés del oficialismo en investigar. Entonces me pregunto ¿cuál es el interés real que tienen respecto de la corrupción? ¿Es solamente armar causas y escenarios mediáticos para que Cristina tenga algún prejuicio por parte de la opinión pública o quieren descubrir la verdad?. A esta altura es más que evidente que el objetivo es el primero y no el segundo.
- ¿Qué quiso decir con que los jueces y fiscales la van a pagar? ¿Fue un arrebato de su parte?
- No, para nada fue un arrebato. De hecho que lo ratifico y lo voy a ratificar en cualquier instancia. Lo dije en relación a que hace dos años y medio que gobierna el macrismo y en ese lapso parte del Poder Judicial argentino no ha dejado norma por vulnerar, para perseguir a nuestra fuerza política. No solamente con el armado de causas como la de los cuadernos sino con la causa del memorándum con Irán, la detención humillante de Carlos Zannini y Amado Boudou con la foto en pijama y descalzo o la humillación de Bonadio a Cristina en distintas oportunidades.
No estoy en contra de que se investigue, por el contrario, exijo que se investigue todo, pero soy abogado y sé cuando las cosas se hacen mal. En dos años y medio no han dejado normas por violar y en ese sentido tanto jueces y fiscales la van a pagar con los mecanismos constitucionales que se tienen que poner en marcha cuando este gobierno termine.
En las condiciones actuales no se puede enjuiciar a ningún juez que responda al Gobierno, pero claramente a los Bonadio, a los Stornelli y a los Irurzun les corresponde juicio político y destitución de su rol de magistrados y fiscales por haber actuado de manera delictiva en estos años.
El escrito que se resume en 26 páginas de la acusación del fiscal Carlos Stornelli del caso conocido como (fotocopia de) “los cuadernos de las coimas” señala que se imputa a empleados y funcionarios del gobierno kirchnerista y a los empresarios más conspicuos de la Argentina, vinculados a la obra pública de “haber integrado una asociación ilícita” por el supuesto pago de “coimas” a cambio licitaciones.
La lista de 28 personas y “otras aún sin identificar” la encabeza Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación que dirigía Julio De Vido. Aparece también imputado su chofer de aquellos tiempos, Oscar Centeno, quien confesó como arrepentido haber escrito los cuadernos, la prueba principal de la causa, pero que después dijo que los había quemado en la parrilla de su casa.
La Justicia nunca tuvo en su poder los originales de los supuestos ocho cuadernos, hecho indispensable para determinar la veracidad de los escritos. Asimismo, son tres los cordobeses también imputados y detenidos que figuran entre “quienes pagaban”: Gerardo Ferreyra (Electroingeniería); Juan Carlos de Goycoechea (ex titular de Isolux) y Armando Loson, presidente del grupo Albanesi, controlante de Generación Mediterránea S.A., empresa propietaria de la Central Termoeléctrica Modesto Maranzana de Río Cuarto.
En tanto, los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández también figuran en la nómina como jefes de la supuesta asociación ilícita.
Además de las fotocopias de las anotaciones de Centeno -un ex suboficial del ejército que ingresó al programa de testigo protegido-, el fiscal construyó la acusación con declaraciones de su ex mujer, Hilda Horovitz; del periodista del diario La Nación, Diego Cabot, quien recibió las fotocopias, las puso a disposición del fiscal en enero pasado y recién a principios de este mes lo difundió en el matutino nacional; y de Jorge Bacigalupo, un policía retirado que trabajó como remisero con Centeno y fue el que entregó los escritos al periodismo.
El escrito acusatorio describe que la asociación ilícita “desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios de 2008 hasta noviembre de 2015”, que “la maniobra fue organizada por Julio De Vido y por Roberto Baratta. Los cobros fueron recaudados principalmente por Baratta y por Néstor Lazarte”, su secretario, con el propósito de “organizar un sistema de recaudación dinero ilegal con el fin de enriquecerse y para utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo”.
“El dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o a sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411 (Ciudad de Buenos Aires), en la residencia presidencial de Olivos o en la Casa de Gobierno”, señala la acusación.
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