Por: César Pucheta - Especial La Nueva Mañana
A comienzos del mes de abril, el intendente Ramón Mestre anunció el envío de un proyecto de enmienda de la Carta Orgánica que contemplaba avanzar sobre la paridad de género en el Concejo Deliberante que hoy tiene a 12 mujeres entre sus 31 representantes.
Hasta ahí, todo bien. El problema surge a partir de los plazos necesarios para avanzar con una enmienda ya que según el reglamento este tipo de modificaciones deben aprobarse con la mayoría agravada de dos tercios de los votos del cuerpo legislativo, primero, y respaldarse con una consulta pública después.
Teniendo en cuenta las experiencias anteriores en temas de tamaña envergadura, sumando a que el proyecto de enmienda contempla otro cambio estructural como lo es la elección directa de los directores de los CPC y tomando como antecedente las trabas con las que se encontró el Ejecutivo municipal la última vez que intentó convocar a una consulta popular, la lógica indica que las modificaciones no podrán aplicarse sino hasta las elecciones del 2023.
Para las mujeres, otra eternidad. “Nosotras no vamos a pretender que el intendente llame a consulta popular previo a las elecciones porque eso implicaría una erogación de dinero demasiado grande para el municipio, por lo que hemos buscado una vía alternativa”, dice a La Nueva Mañana la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Concejo, Miriam Acosta.
La semana pasada, la Comisión de Legislación General aprobó dos proyectos que representan un paso fundamental en el camino a la igualdad reclamada evitando la necesidad de la enmienda. Una de ellas modifica el Código Electoral Municipal para incluir la igualdad de condiciones en el acceso a cargos y listas.
Así, “las listas de candidatos a Concejales, Convencionales Constituyentes y Miembros del Tribunal de Cuentas se compondrán cumpliendo de forma obligatoria la regla de paridad de género, garantizando una equivalencia del 50% de género femenino y 50% de género masculino y presentada de manera alterna y secuencial”.
Hoy, la Carta Orgánica Municipal establece un piso y un techo que estipula que los representantes de un mismo género no pueden superar el 70% de la composición del Concejo. “Nosotros creemos que introduciendo las modificaciones y estableciendo una paridad (50 y 50) ni siquiera estamos pasando por encima a la legislación vigente sino que estamos especificando aún más la composición”, afirma Acosta.
El proyecto restante modifica el Reglamento Interno del Concejo Deliberante, obligando al cuerpo a elegir a sus autoridades respetando “de manera obligatoria las reglas de paridad de género, alternancia y secuencialidad a partir del género correspondiente al/a viceintendente/a electo/a”, lo que implicaría garantizar la alternancia en las líneas sucesoria. Hoy, esa línea está ocupada sólo por hombres a excepción de la vicepresidencia primera, que es ocupada por la radical Belkis Garda.
“Lo único que se necesita para que esta lucha llegue a buen puerto es voluntad política que se imponga a las formas de resistencia que aún existen y que no vienen solamente desde el lado de los hombres. Hay que apuntar a los cambios estructurales con respecto a una forma de pensar y entender la política y que hoy ubica solamente a hombres en los espacios de poder real a pesar de que las mujeres representan el grueso de la militancia al interior de cada fuerza política”, dice la concejala que confía en que la Comisión de Equidad de Género pueda aprobar los dos proyectos en la reunión de este lunes para que pueda llegar al recinto antes de fin de mes.
En los tiempos que precedieron y que conviven con la discusión en torno a la paridad hay una serie de proyectos que buscan avanzar con la reforma política municipal. Casi una veintena de iniciativas están siendo estudiadas por las diferentes comisiones del órgano legislativo de la ciudad para modificar textos fundamentales de la vida política de Capital como lo son la Carta Orgánica y el Código Electoral.
“Nosotras vimos la oportunidad de incorporar nuestras reivindicaciones allí y por eso pudimos avanzar de la manera en que lo estamos haciendo”, señala la concejala del bloque Fuerza de la Gente María José Almada, quien también advierte que “los hombres de los bloques de la oposición nos acompañan en este reclamo, hay que ver qué sucede hacia adentro del oficialismo”. Durante el proceso de discusión hacia el interior del Concejo, las trabas y los argumentos en contra que suelen advertir desde el “interbloque de concejalas” que trabaja la alternativa no distan mucho de lo que el país entero pudo observar en la discusión por la legalización del aborto y que se sustentan en el temor por “perder privilegios.”
“Aparece mucho la idea de la meritocracia y el tiempo, nos piden paciencia como si nos tuviésemos que asomar por la Colón para ver la llegada de la paridad por sí sola. En teoría el cupo garantizaba que la participación de las mujeres empiece a crecer y, salvo honrosas excepciones, nunca se supera el piso del 30%. Creo que los hombres no quieren ceder sus lugares y este tema de la paridad los conflictúa porque cuando, por ejemplo, aceptan tratar la propuesta de enmienda de Mestre, están aceptando los argumentos que nosotros sostenemos”, señala Almada.
Además del proyecto de enmienda, la otra iniciativa que está en análisis dentro de las comisiones del Concejo es la que establece la adhesión a la Ley provincial 8.901 de Participación Equivalente de Género. El ejemplo de la Unicameral es particularmente significativo.
En el año 2000, Olga Riutort impulsó la iniciativa de la paridad de género en el marco de reformas estructurales que se propuso José Manuel de la Sota ni bien llegó a ocupar su oficina ubicada entonces en la extinta Casa de las Tejas. “Sólo mediante los mecanismos legales, los hombres reconocen a las mujeres los espacios que les corresponden”, dijo por entonces el gobernador que todavía no había avanzado con la reforma constitucional que dio origen al sistema parlamentario de cámara única, la reforma que escondió la trampa.
La actual norma que da forma al cuerpo legislativo establece dos votaciones paralelas en la que resultan electos los legisladores y legisladoras. Por un lado, se eligen representantes departamentales (una/o por cada uno de los 26 que existen en la provincia) y, por otro, se eligen 44 representantes elegidos directa y proporcionalmente por los electores de todo el territorio provincial.
La realidad marca que solamente en la conformación de las listas para esta última elección se respeta la paridad, ya que los hombres prácticamente monopolizan las disputas departamentales.
Tras la renovación del 2015, solamente tres mujeres llegaron a ser elegidas representantes de sus departamentos: Tania Kishakevych (UpC-Ischilín) María Graciela Manzanares (UpC-Minas) y Nora Bedano (Gral. San Martín).
Hoy, sobre un total de 70 bancas, apenas 27 son ocupadas por mujeres, un 38,5% que deja olvidada allá a lo lejos la iniciativa de vanguardia que había convertido a Córdoba en la primera provincia argentina en obtener una norma que garantizase la igualdad en la representación parlamentaria.
“Ha habido años en los que el lugar de las mujeres en las bancas departamentales era prácticamente nulo por lo que esa realidad desequilibra efectivamente la representación legislativa”, dice a La Nueva Mañana la legisladora Liliana Montero que presidió el bloque del Frente Cívico entre el 2011 y el 2015 convirtiéndose en la única mujer en ocupar ese lugar en una bancada mayoritaria (cuando asumió su fuerza era la segunda en representación parlamentaria).
“Fue muy difícil desde un primer momento, sobre todo en la relación con los presidentes de los otros bloques. Yo reemplacé a Roberto Birri, que además había sido reelecto y seguía formando parte del espacio y se hacía muy complicado que los representantes de otras fuerzas comprendieran que la presidenta del bloque era yo y que si había que buscar acuerdos, debían hacerlo conmigo”, dice Montero, que además anticipa que está trabajando en un proyecto que logre salvar esas diferencias hoy existentes en la Unicameral.
“La visibilización de la lucha de las mujeres en esta reivindicación histórica del feminismo de libertad y autonomía es algo central. Por primera vez empezamos a comprender que la ecuación es a la inversa de lo que los partidos políticos tradicionales tienen como costumbre. Las mujeres que militaban en el partido iban a las organizaciones a llevar el mandato y la ideología de la estructura política a la cual pertenecían. Eso cambió radicalmente y hoy las mujeres entendemos que por encima de las pertenencias partidarias hay un eje común que tiene que ver con las reivindicaciones feministas que nos obligan a dar vuelta el camino y empezar a partir desde el movimiento de mujeres para llenar de contenido a las estructuras políticas”, reflexiona la legisladora que presentará la iniciativa para avanzar en la paridad representativa provincial en los próximos meses.
En marzo del año 2017, el Concejo Deliberante de Villa María aprobó por unanimidad la ordenanza que adhiere finalmente a la Ley provincial de Participación Equivalente de Género tras casi seis años de intentos truncos.
El dato que sobresale de este proceso es el que indica que la paridad se logra en un órgano legislativo con presencia femenina mayoritaria. Tras la elección del año 2015, el Concejo Deliberante de la ciudad cabecera del departamento General San Martín quedó conformado por seis mujeres y cinco hombres, lo que colaboró para motorizar la ordenanza igualitaria.
“El proceso se dilató mucho porque hubo una expresa negativa por parte de la gestión de (Eduardo) Accastello a dar tratamiento a esta iniciativa durante los años en el que él fue intendente”, dice la concejala Nora Landart a este diario. En ese sentido, reconoce: “La elección del 2015 fue fundamental porque el movimiento político que se venía gestando no daba lugar a seguir dilatando esta adhesión. Además, el tener la mayoría de mujeres en el Concejo nos permitió, también, aprobar la primera emergencia por violencia de género municipal de toda la provincia.”
A diferencia de las iniciativas que se buscan aprobar en Córdoba, la adhesión villamariense a ley provincial no contempla la paridad en la sucesión ejecutiva. De hecho, en la actualidad, recién en la vicepresidencia segunda (el último eslabón en la línea sucesoria) encontramos a una mujer, que es la propia Landart.
“Los varones que prevalecen en los partidos políticos de nuestro país se aprovechan de esa costumbre estructural que siempre los ubica en los lugares centrales en el ejercicio del poder. Entendiendo eso, nosotras tuvimos una actitud sorora con las mujeres del oficialismo que sistemáticamente se negaron a tratar el tema por la presión interna de sus partidos políticos. Siempre tuvimos muy en claro que más allá de las diferencias partidarias, nuestro objetivo debía ser lograr la paridad. Con esa idea conformamos la multipartidaria que no sólo estuvo integrada por las mujeres de los partidos políticos sino que, además, contó con la participación de mujeres de las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos. La necesidad de construir justicia en torno a la participación de las mujeres fue lo que nos unió", destaca Landart al rescatar aquel proceso que marcó un antes y un después en una de las ciudades más importantes del territorio cordobés.
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