Se presentará un nuevo proyecto que contemple parte de las modificaciones propuestas por los tres senadores cordobeses. Si se aprueba, la iniciativa volverá a Diputados.
País 01/08/2018
Redacción La NUEVA Mañana
Este miércoles se presentará un nuevo proyecto que contemple parte de las modificaciones propuestas por los tres senadores cordobeses. En caso de ser aprobado por mayoría, la iniciativa volverá a Diputados, luego de ser sometida a votación en el Senado el próximo 8 de agosto.
Los cambios que impulsaron la senadora Laura Rodríguez Machado y los senadores Ernesto Martínez y Carlos Caserio son: reducir el plazo máximo para realizar abortos legales sin causales de 14 a 12 semanas, no penalizar a los médicos que se rehúsan a practicar abortos y permitir la objeción de consciencia institucional. Además, se presentará otro proyecto que contemple el rechazo a la legalización del aborto.
En tanto, el jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, afirmó este martes ante la prensa que el dictamen del proyecto que plantea la legalización del aborto saldrá del plenario de comisiones "con cambios".
"Hay una comprensión (de los legisladores a favor y de la Campaña) de que hay que hacer un esfuerzo. Acá lo peor es que la ley se pierda", subrayó.
Con un listado de 22 expositores finalizó la última audiencia del plenario de comisiones que analiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo, iniciativa que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
La primera oradora fue Verónica Camargo, cuyo caso impulsó la formación del movimiento #Niunamenos en mayo de 2015. Recordó que su hija Chiara, quedó embarazada a los 14 años y luego de decidir continuar con el embarazo se dirigió a la casa del novio y familiares "donde la mataron a golpes porque querían que abortara". Camargo afirmó que "la vida debe respetarse siempre".
Luego habló la escritora y guionista Claudia Piñeiro. Comenzó su presentación diciendo que, más allá del resultado, "este debate sirvió para muchas cosas, primero para que digamos la palabra aborto, acá en el Congreso, en nuestras casas y en las escuelas". Exhortó a los senadores para que encuentren "un punto de encuentro" entre el rechazo al proyecto y la despenalización.
Después habló la ex diputada, Margarita Stolbizer. Consideró que "querer imponer a través de una ley las creencias personales no es más que un acto de soberbia que está reñido con la democracia. Nuestras decisiones impactan en los otros. Estamos trabajando para los que vienen. El aborto existe y seguirá existiendo. La maternidad no puede ser obligada o impuesta. La maternidad no puede ser una sanción".
La ex diputada, ex senadora y ex gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, destacó el fallo de la Corte Suprema, denominado Caso Fal. Se pronunció a favor del proyecto y destacó que "lo que hay afuera no es solamente una marea verde, es la expresión del hartazgo de una enorme cantidad de ciudadanas que estuvimos paciente pero no pasivamente esperando a lo largo de 35 años de democracia ser reconocidas como sujetos de derechos".
También estuvo presente el abogado y docente de derecho constitucional de la UCA, Pablo Garat. Se pronunció en contra de la iniciativa y resaltó que se está "transformando un delito en un derecho y esto no lo dice el doctor Garat sino el proyecto aprobado en Diputados". El abogado finalizó su exposición citando a la Madre Teresa de Calcuta diciendo: "no los aborten, no las aborten, dénselos a todos aquellos que tienen amor para recibirlo".
Posteriormente expuso Alika Kinan, sobreviviente del delito de trata con fines de explotación sexual. Apoyó el proyecto en debate y subrayó que "ante una situación de embarazo no deseado seguimos las mujeres explotadas sexualmente en clara desigualdad, cargando con la responsabilidad de resolverlo en solitario".
Posteriormente hizo uso de la palabra, el abogado y doctor de la Universidad Católica de Córdoba, Alberto Bianchi. Calificó al proyecto aprobado en Diputados como "unitario" y "anticonstitucional". Resaltó que "el Senado federal no puede tolerar que esta ley sea sancionada porque estaría afectando sus propios principios de respeto a las autonomías provinciales" y concluyó diciendo que "se impone la pena capital sin juicio previo a personas inocentes y además se condena penalmente al profesional de la salud que dilate o se niegue a aplicarlo".
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